Una corte francesa acaba de determinar que la líder del Agrupación Nacional y puntera en las encuestas para la carrera presidencial del 2027 es culpable de malversación de fondos del Parlamento Europeo y, por tanto, le suspende sus derechos a optar por un cargo público por cinco años. Esto coloca a la creciente estrella de la política europea fuera de la competencia presidencial al tiempo que propina un duro golpe al partido que fundara su padre y que hoy ella dirige.
Marine La pen obviamente ha etiquetado la decisión como una maniobra política para impedirle llegar a la presidencia. Y para muchos analistas, entre los cuales me incluyo, esa sospecha pesa mucho en nuestra visión de la decisión. Quienes así opinamos nos basamos en la dureza de la medida ya que la misma corte indica en su sentencia que Le Pen no usó los fondos para su enriquecimiento personal sino para subvencionar la estructura de su partido político pagando sueldos y salarios a operadores políticos de Agrupación Nacional. En síntesis, Le Pen estaba utilizando los fondos para pagar parte del personal de su partido.
Leyendo la sentencia uno no puede menos que pensar en los usos que la mayoría de los políticos en sociedades menos estructuradas les dan a los fondos de cooperación. Y desde luego que en esas latitudes no parecen existir jueces tan estrictos como los que juzgaron a la Señora Le Pen. Basta con recordar la ausencia de una sentencia firme y definitiva contra Cristina Kirchner en Argentina. Tampoco se juzgó en Panamá a Juan Carlos Varela o en Colombia al asesor del presidente Gustavo Petro, Armando Benedetti o la ex Jefa de Gabinete Laura Sarabia, siendo que en ambos casos las investigaciones apuntaban a masivos traslados de fondos en maletas.
De manera que, pese al excesivo rigor del juzgado francés, uno se reconcilia con ese sistema democrático al observar que existe seguimiento del uso de fondos y ese seguimiento lleva a descubrir irregularidades que son penadas por la ley trátese de quien se trate, y esto sería el aspecto bueno de la medida.
Otro aspecto positivo es que la decisión judicial contra Le Pen dispara una renovación forzada en los cuadros de Agrupación Nacional. Ahora el partido se ve obligado a promover otras generaciones al poder. Uno de ellos, Jordan Bardella, podría ser el abanderado presidencial. Bardella además de ser inmensamente popular entre los jóvenes gracias a sus mensajes vía TikTok, carece de la carga que para algunos franceses representa el apellido Le Pen. Bardella podría atraer hacia Agrupación Nacional elementos jóvenes de la centro derecha que hasta ahora no han querido identificarse con Le Pen.
Lo malo de la medida, sin embargo, es que el excesivo rigor en la pena y el tiempo en que se emite puede llevar a pensar a quienes siguen a Le Pen que se trata de una cacería de brujas en su contra. Y, por lo tanto, su creciente descontento podría traducirse en violencia y la violencia en unas elecciones traumáticas.
Lo feo de la medida es el tiempo en que se ha tomado. Al concretarse a apenas dos años de distancia de la elección general de Francia, es imposible que la gente no piense que el móvil de ella era netamente electoral. Y de ser así, la confianza de los franceses en su sistema de administración de justicia podría comenzar a erosionarse.
