Estados Unidos ha decidido cancelar la licencia que permitía a Chevron Corporation operar campos petroleros en Venezuela. Este anuncio ha tomado por sorpresa a la dictadura venezolana y representa un revés en su intento de normalizar relaciones con la administración de Donald Trump.
La suspensión de la licencia no solo debilita la estructura financiera del régimen, privándolo de recursos para sostener su maquinaria de represión, sino que también demuestra que el caso venezolano sigue siendo un punto clave en la geopolítica internacional, junto con conflictos como los de Ucrania y Rusia. La medida prohíbe el pago de impuestos o regalías al gobierno de Venezuela y restringe cualquier transacción con entidades venezolanas controladas por Rusia.
En otras palabras, esta decisión ataca dos pilares fundamentales del apoyo a Nicolás Maduro: sus alianzas con regímenes como los de Rusia, Cuba e Irán, y su aparato represivo que persigue a los venezolanos que luchan por la libertad.
Es importante recordar que esta acción llega después de que Maduro incumpliera los compromisos adquiridos en las negociaciones con Estados Unidos. Desde 2022, el dictador comenzó a recibir concesiones como la liberación de sus familiares condenados en EEUU, la excarcelación de su testaferro Alex Saab y la licencia que permitía a Chevron operar en Venezuela. A cambio, se esperaba que liberara a los presos políticos y garantizara condiciones justas para unas elecciones democráticas.
El resultado fue el esperado por muchos: Maduro no cumplió. No solo desconoció la voluntad de más de siete millones de venezolanos en un proceso electoral fraudulento, sino que también llenó las cárceles de activistas y opositores de diversas tendencias políticas. Actualmente, hay más de 2,000 detenidos por motivos políticos en Venezuela.
Por lo tanto, el único responsable de la cancelación de la licencia es el propio Maduro. La administración Trump ha sido clara en su postura contra las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. La presencia de figuras como el secretario de Estado Marco Rubio y otros funcionarios con una visión firme sobre América Latina refuerza la certeza de que Estados Unidos no será cómplice de regímenes que violan derechos humanos y están vinculados al crimen organizado.
El episodio de la visita del enviado especial Richard Grenell, que en su momento generó dudas, respondía a una necesidad humanitaria: la liberación de ciudadanos estadounidenses y la coordinación de vuelos de repatriación. Sin embargo, el régimen, con su habitual maquinaria propagandística, intentó distorsionar los hechos para desmoralizar a los venezolanos, haciendo creer que la administración Trump había abandonado su lucha democrática.
Es fundamental aclarar que la cancelación de la licencia no afecta al pueblo venezolano. Todo lo contrario: golpea directamente al régimen, que ahora pierde el acceso a cerca de 3,000 millones de dólares que habrían sido destinados a la corrupción. Durante el tiempo en que Maduro tuvo acceso a estos recursos, ¿cuántas veces se aumentó el salario de los trabajadores públicos? ¿Se construyeron escuelas y hospitales? ¿Se redujeron los apagones eléctricos? ¿Se frenó la ola migratoria? La respuesta es evidente: nada de esto ocurrió. El dinero que ingresó a las arcas del régimen nunca benefició a los ciudadanos, sino que terminó en manos de una élite corrupta.
Con esta decisión, el caso venezolano podría tomar un nuevo rumbo en la arena internacional. La pregunta es: ¿hasta dónde está dispuesta la comunidad internacional a presionar para lograr el verdadero cambio que Venezuela necesita? Si bien las sanciones pueden debilitar al régimen, la verdadera transformación debe venir desde adentro, con una sociedad organizada, dispuesta a luchar por la democracia y con un liderazgo opositor que realmente represente la esperanza de un país libre.
