Fiscal Khan, las víctimas venezolanas esperan por usted

Escribo estas líneas con el mismo fervor que compartí recientemente en la Asamblea de los Estados Parte (AEP) de la Corte Penal Internacional (CPI), donde se reúnen los países que han ratificado el Estatuto de Roma. Allí pude conversar con muchas personas valiosas a quienes nos une, como principio inquebrantable, el deseo de justicia y la defensa de los derechos humanos. En esa interesante ciudad que es La Haya pude, además, ver a varios venezolanos que se movilizaron y asistieron a cada espacio posible, a cada reunión y a cada foro que se dio en el marco de la AEP, abogando por la libertad de los presos políticos, que ya suman cerca de dos mil (la mayoría secuestrados luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio), y por cada víctima de la tiranía de Nicolás Maduro.

Este artículo, que surge desde una profunda reflexión pero también con la urgencia de quienes viven el sufrimiento a diario, no es solo un análisis jurídico: es un grito desesperado por la justicia y la reparación en Venezuela. La situación es intolerable. La justicia no puede seguir demorando.

La CPI comenzó a analizar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela en 2018, cuando la Oficina del Fiscal, entonces bajo la dirección de Fatou Bensouda, abrió un examen preliminar tras la denuncia de varios Estados, incluido Argentina, que lideró esta iniciativa internacional. Este examen se centraba en los hechos ocurridos desde al menos 2014, cuando el régimen de Nicolás Maduro respondió con violencia brutal a las protestas pacíficas, tal y como ocurrió, luego, en 2017. En 2020, Bensouda concluyó que había fundamentos razonables para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad, como tortura, violencia sexual y persecución política.

En 2021 asumió como nuevo fiscal de la CPI Karim Khan, quien continuó evaluando el caso de Venezuela, lo cual lo llevó a visitar el país en noviembre de ese mismo año. Durante su estadía en Caracas, Khan anunció oficialmente la apertura de una investigación formal sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esta decisión se tomó después de concluir que el examen preliminar había identificado suficiente base para proceder con la investigación.

En al año 2022, la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI autorizó formalmente la continuación de la investigación, rechazando una solicitud del régimen venezolano de aplazarla bajo el argumento de que se estaban llevando a cabo investigaciones nacionales sobre los crímenes alegados, algo que, cabe resaltar, fue desmontado por la propia Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU, en su segundo informe, pues allí describieron minuciosamente cómo el sistema de (in)Justicia en Venezuela no solo no investiga ni juzga sino que, además, forma parte del aparato represivo y de terror. Lo mismo ocurrió en 2024 cuando, a pesar de los intentos de retrasar la investigación, la Corte rechazó una apelación del régimen, reafirmando que la investigación debía continuar.

Lo que investiga la CPI es de una gravedad alarmante: violaciones sistemáticas de los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado y grupos afines, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, persecución política, desapariciones forzadas, entre otros crímenes. Estos actos no son aislados ni accidentales. Forman parte de una política de Estado diseñada para mantener el poder a través del terror y la represión, con órdenes directas desde la cúpula del chavismo, comenzando por Nicolás Maduro.

Seis años han pasado desde que la CPI comenzó su examen preliminar. Es decir, en la Corte Penal Internacional la ‘Causa Venezuela I’ lleva más de dos mil días. Dos mil, paradójicamente, como la cantidad de presos políticos que hay en los calabozos (oficiales y clandestinos) de la peor tiranía que ha sufrido Venezuela. No hace falta mencionar lo que han vivido los venezolanos durante este tiempo, pues el resumen inequívoco es que se ha tratado de la época más oscura de nuestra historia.

Durante estos años, Nicolás Maduro y su terrorismo de Estado (así lo ha calificado la CIDH), han asesinado a cientos de ciudadanos inocentes, secuestrado a miles, torturado a decenas y obligado a millones a huir de su barbarie y su crisis por diseño lo cual, valga decir, también es una violación constante de los derechos humanos. Todo ello lo ha documentado la oficina del fiscal de la CPI. Es decir, no solo tiene a la mano las pruebas de los crímenes cometidos por la tiranía chavista previo a la apertura de la investigación sino también las pruebas, en vivo y directo, de un aparato de terror que, lejos de retroceder, se ha hecho más grande y más oprobioso. La pregunta es, entonces, ¿por qué la lentitud?

Algunos podrían argumentar que la Corte se ve limitada por el principio de complementariedad, un principio clave del Estatuto de Roma que sostiene que la CPI solo debe intervenir si los sistemas nacionales no pueden o no quieren investigar los crímenes cometidos. Sin embargo, en el caso de Venezuela, la complementariedad pierde validez debido a que el sistema judicial no investiga ni juzga los crímenes de lesa humanidad cometidos por los miembros del régimen. No solo existe inacción judicial, sino que el aparato judicial está subordinado al poder político, siendo parte activa del sistema represivo. La propia Fiscalía de la CPI ha argumentado que los procesos nacionales no reflejan la magnitud de los crímenes cometidos, y el Estado venezolano ha mostrado una falta de voluntad política para juzgar a los responsables. Esto hace que la CPI no dependa de la acción de la justicia venezolana y pueda actuar directamente, ya que, en estos casos, no hay un sistema judicial legítimo que se encargue de juzgar las atrocidades cometidas. La complementariedad queda obsoleta, pues el Estado no cumple con la responsabilidad de investigar y sancionar a los criminales de lesa humanidad.

Es necesario decirlo de manera clara: el fiscal Khan no tiene la obligación de desempeñar un papel secundario según lo estipulado por el Estatuto de Roma. Su función es procesar, no buscar la colaboración de los regímenes. La justicia no puede postergarse; no es un acto para el futuro, sino una exigencia para el presente. En este contexto, la justicia debería haberse impartido ayer, no mañana.

Cada día que pasa sin una respuesta efectiva de la CPI, la situación de las víctimas empeora. Más de 2.000 presos políticos, mujeres violadas, niños secuestrados, y miles más que viven en la indefensión y el miedo constante. La CPI no puede seguir retrasando su intervención. La justicia no puede esperar. La reparación no puede esperar. Las familias de las víctimas no pueden esperar más.

Argentina demostró con su acción que la justicia no conoce fronteras. Desde el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD) comenzamos una denuncia en 2023 y ya en 2024 hubo avances concretos. Impedir la entrada de Nicolás Maduro y emitir órdenes de captura fue un paso histórico. ¿Qué espera la CPI para hacer lo mismo? Las democracias deben levantarse con firmeza contra la impunidad. No podemos callar mientras crímenes de lesa humanidad ocurren ante nuestros ojos.

Fiscal Karim Khan, sus palabras son bienvenidas por cuanto son valiosas e importantes, pero las víctimas necesitan más que discursos: necesitan acción. “La pelota” no está del lado del régimen pues ellos solo saben matar y torturar; la pelota está de su lado. Del lado de la justicia. Y usted lo sabe, pues durante la AEP pudo reunirse, por primera vez, con víctimas del chavismo. Sintió el dolor en sus palabras y el desespero en sus peticiones.

La tiranía de Nicolás Maduro es una amenaza no solo para Venezuela, sino para la democracia en toda América Latina. La comunidad internacional debe ser más firme en su rechazo a la impunidad y trabajar de manera conjunta para garantizar la libertad de Venezuela. No podemos permitir que el silencio de hoy condene a otros países a enfrentar las mismas atrocidades mañana.

No solo estamos luchando por Venezuela, estamos luchando por la democracia misma. La impunidad no es una opción, y la justicia es el único camino hacia la libertad. Las víctimas de la dictadura de Maduro, los miles de venezolanos que sufren, necesitan y merecen justicia y reparación sin dilaciones ni titubeos. La libertad de Venezuela es una causa que nos pertenece a todos. La JUSTICIA es una causa que nos debe mover a todos.

*Elisa Trotta, defensora de derechos humanos. Secretaria General Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD).