Perú bajo ataque

Los peruanos estamos bajo ataque no solo de vándalos y subversivos que destruyen aeropuertos, bloquean carreteras e incendian locales, violencia que ha provocado 58 muertos y centenares de heridos, además de daños materiales por 3 mil millones de soles y miles de puestos de trabajo perdidos, sino también, en el frente externo, por gobernantes y políticos del bloque del socialismo del siglo XXI, que presionan para que el golpista Castillo retorne al poder.

Existe, sin duda, una siniestra concertación internacional para proyectar la falsa narrativa de lo que sucede en el país y azuzar a la población que se nutre de esos mensajes. Lo demostraron desde el primer día del cambio de régimen, esparciendo la versión de que el Congreso vacó inconstitucionalmente al político chotano, presionado por los ricos y el imperialismo estadounidense

Recientemente, en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) arreció la ofensiva.

El estrafalario presidente mexicano López Obrador sostuvo que es “una infamia lo que hicieron con Pedro Castillo y la forma en que están reprimiendo al pueblo”, para luego demandar que “el Poder Judicial lo libere porque está injustamente encarcelado”.

Luis Arce, melifluo presidente de Bolivia, caja de resonancia del agitador Evo Morales, líder del partido de Gobierno, el MAS, manifestó que “el Perú lucha por recuperar su democracia y por su derecho a elegir un gobernante que los represente”.

Gabriel Boric, bipolar jefe de Estado de Chile, dijo el disparate de que “personas que salen a marchar por lo que consideran justo terminan baleadas”, agregando, en relación con la intervención policial en la Universidad de San Marcos, que se está aplicando métodos que recuerdan las dictaduras del cono sur.

Gustavo Petro, de Colombia, ex guerrillero del M-19, expresó que “no entiendo cómo puede haber un presidente preso sin que haya sentencia judicial en su contra, que haya perdido sus funciones constitucionales que adquirió a través del voto popular”. Y la patosa mandataria hondureña, Xiomara Castro, condena “el golpe de Estado en el Perú y la agresión a que está sometido el pueblo peruano”, exigiendo “la inmediata liberación de Castillo”.

Esa prédica maligna la refuerzan congresistas radicales, como Pasión Dávila, que viajó a la Argentina para participar en la Cumbre Social de CELAC, donde expresó que “la vacancia –de Castillo– fue una componenda entre el Poder Judicial, los congresistas y las Fuerzas Armadas, que lo derrocaron sin tener los votos necesarios”, ocultando que fueron 102 legisladores que votaron a favor del relevo.

La presidenta Boluarte, en su exposición virtual ante el Consejo Permanente de la OEA, rechazó esos infundios injerencistas, pero soslayó destacar que los mandatarios no pueden calificar de “manifestantes” a turbas subversivas que incendiaron 13 comisarías, destruyeron 19 ambulancias, quemaron 14 locales del Ministerio Público y el Poder Judicial, atacaron cinco aeropuertos, un delito calificado por el Protocolo de Naciones Unidas como terrorismo.

Los delincuentes extremistas, además, desde hace tres semanas bloquean las carreteras, desabasteciendo de alimentos, medicinas, gas y petróleo a gran parte del país, causando la muerte de numerosas personas, entre ellos niños y recién nacidos que no pudieron ser hospitalizados.

La democracia está acosada interna y externamente. Para arrostrar esta embestida el Gobierno debe designar misiones informativas a diversos países del hemisferio, como México, Bolivia, Argentina y Colombia, para destruir la falaz narrativa de sus mandatarios, tarea que debe estar a cargo de diplomáticos, congresistas, políticos y expertos en comunicaciones, una estrategia que debió ponerse en marcha desde el 7 de diciembre, fecha que asumió la presidencia la señora Boluarte. No se hizo y estamos pagando las consecuencias. Debemos, por tanto, recuperar el tiempo perdido, porque la agresión injerencista continuará.

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