Gobiernos europeos y organizaciones de derechos humanos repudiaron la condena a Jimmy Lai en Hong Kong: “Es un juicio políticamente motivado”

La condena contra Jimmy Lai, empresario y activista prodemocracia, en Hong Kong generó una ola de críticas por parte de gobiernos occidentales, organizaciones de derechos humanos y grupos parlamentarios internacionales, que denunciaron un proceso judicial con motivaciones políticas y alertaron sobre el deterioro de las libertades fundamentales en el territorio.

El Tribunal Supremo de Hong Kong declaró culpable este lunes a Lai, de 78 años, por dos cargos de conspiración con fuerzas extranjeras y un delito de sedición relacionado con la difusión de material considerado subversivo. El fallo pone fin a un proceso judicial que se extendió durante cinco años, aunque la sentencia —que podría incluir cadena perpetua— recién se conocerá en enero próximo. El juicio se llevó adelante sin jurado y ante un panel de magistrados designados específicamente para causas vinculadas a la seguridad nacional.

La Unión Europea expresó su preocupación por el veredicto y sostuvo que el caso refleja un uso político del sistema judicial. En un comunicado, el bloque afirmó: “Este procesamiento tiene motivaciones políticas y es un ejemplo de la erosión de la democracia y las libertades fundamentales en Hong Kong desde la imposición de la Ley de Seguridad Nacional en 2020. La UE reitera su llamamiento a la liberación inmediata e incondicional de Jimmy Lai”.

Además, recordó que el prestigio histórico de Hong Kong como centro financiero internacional se apoyó en el respeto al Estado de derecho, algo que —según advirtió— se ve debilitado por este tipo de juicios. “Socavan la confianza en el sistema jurídico de Hong Kong”, lamentó. En ese marco, mencionó el cierre en 2021 del diario Apple Daily, fundado por Lai, luego de una redada policial y la congelación de activos del grupo editor. Para la UE, “unos medios de comunicación libres e independientes son vitales para la resiliencia de las sociedades y para garantizar la rendición de cuentas de los gobiernos”.

Desde el Reino Unido, la ministra de Exteriores, Yvette Cooper, calificó el proceso como un “juicio políticamente motivado” y denunció que Lai fue “objeto de persecución por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión”. La ministra añadió que “la ley de seguridad nacional de Beijing fue impuesta en Hong Kong para silenciar a los críticos de China” y reiteró su petición de que sea derogada. Cooper reclamó nuevamente la liberación del empresario y pidió que reciba atención médica adecuada, con acceso a profesionales independientes.

En la misma línea, la portavoz de Exteriores de la oposición conservadora, Priti Patel, instó al primer ministro británico Keir Starmer a plantear el caso directamente al presidente chino, Xi Jinping, y exigir su liberación inmediata durante su próximo viaje oficial. A su vez, un grupo multipartito del Parlamento británico sobre detención arbitraria cuestionó al Gobierno “no haber adoptado medidas más contundentes antes de la condena de Lai”.

Las organizaciones de derechos humanos también reaccionaron con dureza. Human Rights Watch y Amnistía Internacional condenaron el fallo y exigieron la liberación inmediata de Lai. La directora para Asia de HRW, Elaine Pearson, afirmó: “La condena de Jimmy Lai sobre cargos infundados, tras cinco años de aislamiento, es cruel y una parodia de la justicia”, y pidió a los gobiernos extranjeros que presionen para revertir el caso. En ese sentido, sostuvo que “el Gobierno chino intenta silenciar a cualquiera que critique al Partido Comunista (PCCh, gobernante)”.

Por su parte, Amnistía Internacional describió la decisión judicial como “el toque de difuntos para la libertad de prensa en Hong Kong”. La directora para China de la organización, Sarah Brooks, señaló: “La previsibilidad del veredicto no lo hace menos desolador: el trabajo esencial del periodismo ha sido redefinido como un delito”. Según Amnistía, Lai fue encarcelado por criticar al Gobierno y por actividades que no habrían sido consideradas ilegales antes de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional. La organización lo considera un “prisionero de conciencia” y reclama su “liberación inmediata e incondicional”, al tiempo que advierte que estas normas “no están para proteger a las personas, sino para acallarlas” y generan “graves riesgos legales” para quienes hacen negocios en la ciudad.

También se pronunció la Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC), que reúne a 76 legisladores de 30 parlamentos. El grupo denunció un “veredicto predeterminado” y una “mofa del Estado de derecho”. Según IPAC, “no puede haber normalidad” en las relaciones con un Estado que “persigue a inocentes”.

Lai permanece detenido desde 2020 y su situación personal es motivo de creciente preocupación. Sus hijos denunciaron un fuerte deterioro de su salud tras casi cinco años en régimen de aislamiento, aunque las autoridades de Hong Kong aseguran que recibe atención médica adecuada. Mientras tanto, el caso continúa siendo un símbolo del debate internacional sobre el futuro de la libertad de expresión, la prensa independiente y el Estado de derecho en Hong Kong.

(Con información de EFE)