La reciente escalada de tensiones diplomáticas entre China y Japón ha puesto de manifiesto la compleja dinámica que enfrenta el régimen comunista de Xi Jinping al calibrar su respuesta ante las declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre Taiwán. Mientras Beijing intensifica sus represalias, la administración china parece evitar deliberadamente el recurso a las protestas populares anti-japonesas, una herramienta que en el pasado utilizó con eficacia, pero que hoy representa un riesgo considerable para la estabilidad interna.
El punto de inflexión en la relación bilateral se produjo tras el primer encuentro entre Takaichi y Xi, celebrado el 31 de octubre en Gyeongju, Corea del Sur, en el marco de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Apenas unos días después de asumir el cargo, Takaichi declaró ante el parlamento japonés que un eventual ataque chino a Taiwán podría constituir una “situación que amenace la supervivencia” de Japón, lo que habilitaría el ejercicio del derecho a la autodefensa colectiva.
La reacción de China no se hizo esperar. El 13 de noviembre, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino convocó al embajador japonés en Beijing, Kenji Kanasugi, para presentar una protesta formal por las palabras de Takaichi. Según la nota oficial, el viceministro Sun Weidong actuó por instrucciones de los altos mandos, lo que muchos interpretan como una orden directa de Xi Jinping y Wang Yi, miembro del Politburó y ministro de Exteriores, quien también estuvo presente en la reunión entre Xi y Takaichi en Corea del Sur. Diversos observadores calificaron la convocatoria de “extremadamente inusual” y señalaron que fue realizada “por orden de miembros del Politburó o líderes de mayor rango”.
En los días siguientes, Beijing endureció su postura con una serie de medidas: el 14 de noviembre, el Ministerio de Asuntos Exteriores instó a los ciudadanos chinos a evitar viajar a Japón, alegando preocupaciones de seguridad. Dos días después, el Ministerio de Educación recomendó a los estudiantes chinos reconsiderar sus planes de estudiar en Japón, un país que acoge a una proporción significativa de estudiantes extranjeros chinos. Paralelamente, grandes agencias de viajes chinas suspendieron la venta de paquetes turísticos a Japón, se interrumpió la proyección de anime y películas japonesas en China, y numerosos eventos de intercambio fueron cancelados o pospuestos.
El miércoles, las autoridades del régimen de Beijing notificaron a Tokio la suspensión de las importaciones de productos del mar japoneses, apenas días después de que Japón hubiera reanudado parcialmente sus exportaciones tras el levantamiento de una prohibición previa. Este endurecimiento de las represalias económicas se produce en un contexto en el que, históricamente, China solía responder a las disputas con Japón fomentando manifestaciones populares de rechazo, como ocurrió hace trece años.
En septiembre de 2012, la nacionalización de las islas Senkaku por parte del gobierno japonés de Yoshihiko Noda desató una ola de protestas masivas en China, con manifestantes portando pancartas que exigían convertir Japón en una provincia china. Las islas, conocidas en China como Diaoyu, han sido durante décadas un foco de fricción bilateral. Aquellas protestas, que se extendieron por todo el país y derivaron en ataques a tiendas y fábricas japonesas —incluidas instalaciones de Panasonic, empresa que había contribuido al proceso de “reforma y apertura” impulsado por Deng Xiaoping—, fueron en gran medida organizadas por las propias autoridades chinas. Muchos de los manifestantes que se congregaron frente a la embajada japonesa en Pekín fueron movilizados desde zonas rurales cercanas, recibieron transporte gratuito y dietas diarias.
En ese entonces, Hu Jintao lideraba China, y Xi Jinping asumiría la secretaría general del Partido Comunista dos meses más tarde. En Japón, Shinzo Abe regresó al poder en diciembre de 2012 tras la victoria de su Partido Liberal Democrático sobre el Partido Democrático de Japón. La economía china vivía un auge tras haber superado a Japón como segunda potencia mundial en 2010, impulsada por la inversión extranjera y el dinamismo posterior a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y la Expo Mundial de Shanghái 2010. La disputa por las Senkaku provocó la suspensión de cumbres bilaterales durante dos años y medio, periodo en el que Abe visitó el santuario Yasukuni, donde reposan los restos de catorce criminales de guerra de clase A, lo que avivó aún más las tensiones con China, que considera el santuario un símbolo del militarismo japonés.
El contraste con la situación actual es notorio. Desde la declaración de Takaichi sobre Taiwán, no se ha registrado ninguna manifestación anti-japonesa en China, lo que refleja los profundos cambios económicos y sociales del país. Hoy, el mercado inmobiliario chino atraviesa una crisis, con precios en caída y un efecto negativo sobre la riqueza de los hogares, mientras el desempleo juvenil se mantiene en niveles elevados. En este contexto, cualquier señal de tolerancia oficial hacia protestas anti-japonesas podría desencadenar movilizaciones incontrolables, que incluso podrían volverse contra el propio régimen, dada la frustración acumulada por la situación económica.
El precedente histórico del Movimiento del Cuatro de Mayo de 1919, cuando estudiantes y ciudadanos chinos protestaron contra el resultado de la Conferencia de Paz de París y también contra su propio gobierno, resuena en la memoria colectiva. Más recientemente, en noviembre de 2022, las protestas espontáneas contra las políticas de “cero COVID” de Xi Jinping —conocidas como el movimiento del “papel en blanco”— sorprendieron al régimen, que optó por levantar las restricciones de inmediato tras escuchar demandas públicas de dimisión del presidente.
En este escenario, el gobierno chino ha optado por ejercer presión sobre Japón sin recurrir a medidas que puedan perjudicar gravemente su propia economía. Hasta ahora, las represalias han evitado acciones que impliquen un daño directo a los intereses económicos nacionales. El 16 de noviembre, la televisión estatal China Central Television presentó en su noticiero principal opiniones críticas de ciudadanos japoneses sobre la declaración de Takaichi, incluyendo irónicamente una imagen del ex primer ministro Noda, quien fue el blanco de las críticas chinas en 2012 por la nacionalización de las Senkaku.
El clima de confrontación se intensificó el 8 de noviembre, cuando Xue Jian, cónsul general chino en Osaka, publicó en la red X un mensaje en japonés que fue interpretado como una amenaza de decapitación contra la líder japonesa. El mensaje fue eliminado posteriormente por las autoridades chinas. El Partido Liberal Democrático y su socio de coalición, Nippon Ishin no Kai, han exigido una respuesta firme del gobierno de Takaichi, incluyendo la declaración de Xue como “persona non grata” y su expulsión del país. Xue es conocido como uno de los diplomáticos chinos de la línea “guerrero lobo”.
En paralelo, el martes, mientras China intensificaba sus contramedidas, Masaaki Kanai, director general de la Oficina de Asuntos Asiáticos y Oceánicos del Ministerio de Exteriores japonés, viajó a Beijing para reunirse con su homólogo Liu Jinsong. Ambos intercambiaron reproches sobre la declaración de Takaichi y el mensaje de Xue.
Takaichi tiene previsto iniciar el viernes un viaje de cuatro días a Sudáfrica para participar en la cumbre del Grupo de los 20, a la que también asistirá el primer ministro chino Li Qiang. Consultada sobre la posibilidad de un encuentro entre ambos líderes, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, afirmó en rueda de prensa: “Una reunión con la líder japonesa no está en la agenda del primer ministro Li Qiang”.
La posibilidad de una reconciliación entre ambos países se presenta lejana, mientras persiste la incógnita sobre cuánto tiempo más permanecerán China y Japón atrapados en una confrontación sin que sus máximos dirigentes logren reunirse.
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