Las autoridades ucranianas iniciaron una amplia operación contra una red de corrupción vinculada al sector energético estatal. Los agentes registraron las oficinas de Energoatom, la empresa pública de energía nuclear, en medio de los cortes eléctricos que afectan al país tras los bombardeos rusos de los últimos días.
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) informaron sobre una organización criminal que movía fondos ilícitos desde Kiev mediante una red de compañías pantalla. El centro de operaciones funcionaba en un edificio propiedad de Andréi Derkach, ex diputado ucraniano y actual senador ruso, acusado en el pasado de cooperar con Moscú y de financiar campañas de desinformación.
El comunicado oficial describe un sistema que manejaba unos 100 millones de dólares a través de canales financieros paralelos. Parte del dinero circuló fuera del país, lo que revela una trama con ramificaciones en el extranjero y con estructuras propias de los paraísos fiscales.
Los investigadores detectaron pagos en efectivo y transferencias a empresas sin actividad real. Los responsables del entramado cobraban comisiones por sus servicios y mantenían registros contables en negro. La magnitud del caso sitúa el escándalo entre los más graves descubiertos desde el inicio de la invasión rusa.
La SAPO abrió una investigación interna por la posible filtración de información durante el proceso judicial. El manejo de datos sensibles continúa siendo uno de los puntos débiles del sistema judicial ucraniano, todavía en fase de reforma y bajo observación internacional desde el levantamiento de Maidán en 2014.
Energoatom, que genera casi la mitad de la electricidad del país, confirmó los registros en sus oficinas. La dirección de la compañía declaró su cooperación con las autoridades y la entrega de toda la documentación requerida. Aseguró además que la empresa no bloquea el trabajo de los agentes y apoya una investigación completa.
El operativo coincide con un escenario de apagones masivos tras los recientes ataques rusos contra plantas y subestaciones. El Gobierno impuso cortes programados para estabilizar la red, mientras intenta reparar las infraestructuras dañadas bajo fuego constante.
La corrupción en el sector energético constituye un problema histórico en Ucrania. Antes de la guerra, el país aparecía entre los más afectados de Europa por prácticas ilegales en la gestión del gas y la electricidad. La Unión Europea y Estados Unidos exigen controles más estrictos sobre los fondos y la ayuda económica que sostienen el sistema nacional.
El caso Energoatom se convierte en un examen decisivo para las instituciones creadas después de Maidán. La NABU y la SAPO, nacidas con apoyo occidental, buscan demostrar eficacia y autonomía frente a las viejas estructuras políticas. Su desempeño influye directamente en la confianza de los aliados y en las negociaciones de adhesión con Bruselas.
Mientras los investigadores rastrean los flujos financieros y los posibles vínculos con funcionarios en activo, el Gobierno de Volodímir Zelensky intenta sostener la credibilidad de las instituciones. En la Ucrania actual, la lucha contra la corrupción forma parte del mismo frente donde se libra la guerra.
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