Doce miembros del personal internacional de Naciones Unidas que estaban retenidos por los rebeldes hutíes en Yemen fueron liberados este miércoles y evacuados por vía aérea desde la capital, Saná, según confirmó el organismo en un comunicado. Otros tres empleados que permanecían bajo arresto dentro del complejo de la ONU recuperaron su libertad de movimiento, aunque sin abandonar aún el país.
Pese al avance, Naciones Unidas denunció que 53 de sus trabajadores nacionales siguen “arbitrariamente detenidos” por los insurgentes, que controlan buena parte del norte del país y mantienen un férreo dominio sobre la capital. Los hutíes, un movimiento chií alineado con Irán, acusan a algunos empleados del organismo de “espionaje a favor de Estados Unidos e Israel”, según fuentes de su administración citadas por medios locales.
La liberación ocurre tras semanas de negociaciones discretas entre representantes de la ONU y autoridades de facto hutíes. El portavoz del secretario general, António Guterres, señaló que los liberados fueron trasladados en un vuelo humanitario, sin revelar su destino por motivos de seguridad. Entre los detenidos figuraba Peter Hawkins, representante de Unicef en Yemen y uno de los más altos funcionarios de la ONU en el país.
El asalto al complejo de Naciones Unidas en Saná, a finales de agosto, marcó una escalada en la tensión entre los hutíes y la comunidad internacional. Ese día, los rebeldes irrumpieron en varias oficinas de agencias humanitarias y arrestaron a una decena de empleados. Días después, amplió su ofensiva con nuevas redadas y detenciones, en una maniobra interpretada por diplomáticos como una muestra de fuerza frente a las presiones occidentales.
Desde que los hutíes tomaron Saná en 2014, el conflicto en Yemen se ha convertido en una guerra de múltiples frentes que enfrenta a la facción insurgente, apoyada por Irán, con el Gobierno reconocido internacionalmente, respaldado por una coalición liderada por Arabia Saudita. La intervención saudí, iniciada en 2015, no logró restaurar el poder del Ejecutivo yemení y derivó en una prolongada catástrofe humanitaria.
La ONU estima que el conflicto ha dejado más de 370.000 muertos —en su mayoría por hambre, enfermedades y falta de atención médica— y ha desplazado a millones de personas. La crisis humanitaria sigue siendo una de las más graves del planeta: más del 70% de la población depende de ayuda externa para sobrevivir, y el país sufre brotes recurrentes de cólera y desnutrición infantil.
En los últimos meses, los hutíes han intensificado sus acciones militares más allá de Yemen. Desde el inicio de la guerra de Gaza, en octubre de 2023, han lanzado misiles y drones contra buques mercantes en el mar Rojo en apoyo declarado al grupo terrorista Hamas, lo que ha motivado represalias de Estados Unidos y el Reino Unido. Washington considera al movimiento una organización terrorista y acusa a Teherán de suministrarle tecnología balística.
Las tensiones con la ONU se inscriben en esa dinámica de aislamiento y desafío. En junio, los rebeldes expulsaron a varios trabajadores humanitarios y restringieron severamente las operaciones de ayuda en zonas bajo su control, alegando “injerencia política”. Desde entonces, las agencias internacionales han operado con cautela, temiendo nuevas detenciones o confiscaciones de material.
El Gobierno yemení, con sede provisional en Adén, condenó la detención del personal de Naciones Unidas y acusó a los hutíes de “usar a los trabajadores humanitarios como rehenes para obtener concesiones políticas”. La coalición saudí también criticó la pasividad de la comunidad internacional ante lo que calificó de “chantaje sistemático”.
En paralelo, el enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, continúa los esfuerzos diplomáticos para reactivar un proceso de paz que lleva estancado más de un año. Las conversaciones previas entre los hutíes y representantes saudíes, mediadas por Omán, lograron un alto el fuego parcial en 2022, pero no un acuerdo definitivo.
La reciente liberación podría abrir una ventana limitada de diálogo, aunque analistas advierten que los hutíes solo ceden bajo presión o cuando buscan mejorar su posición negociadora. “Liberar a parte del personal de la ONU no cambia el hecho de que siguen violando el derecho internacional humanitario”, declaró a Reuters un diplomático occidental con base en Amán.
Mientras tanto, la población yemení continúa atrapada en un país fragmentado, con una economía devastada y servicios básicos colapsados. Las agencias de la ONU advierten que, sin un acuerdo político sostenible y garantías de acceso humanitario, la crisis corre el riesgo de enquistarse una década más.