El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, enfrentará este jueves dos mociones de censura en la Asamblea Nacional, en un contexto marcado por el debate sobre la suspensión de la reforma de las pensiones y la urgencia de aprobar los presupuestos de 2026. Lecornu clarificó este miércoles la vía para responder a la exigencia del Partido Socialista: la suspensión se presentará como enmienda en el proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social en noviembre y se mantendrá hasta enero de 2028, con el objetivo de que el tema de las pensiones forme parte del debate de las elecciones presidenciales de 2027.
Durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea Nacional y en un discurso ante el Senado para explicar su programa, Lecornu detalló el procedimiento que seguirá la suspensión, permitiendo que el Parlamento decida sobre la medida. Advirtió, sin embargo, que “no se puede votar una suspensión sin los elementos de ingresos correspondientes”, ya que el agujero adicional en el sistema de pensiones alcanzaría los 400 millones de euros en 2026 y 1.800 millones en 2027.
La votación de las mociones, una presentada por la izquierda radical de La Francia Insumisa (LFI) y otra por el bloque ultranacionalista conformado por Agrupación Nacional (RN) y la UDR de Éric Ciotti, genera incertidumbre sobre la estabilidad del segundo gobierno de Lecornu. Según cálculos difundidos en la propia Asamblea, la moción liderada por LFI podría rozar la mayoría absoluta de 289 votos si logra sumar el apoyo suficiente de los diputados socialistas, quienes carecen de disciplina de voto. Actualmente, se proyectan alrededor de 270 votos a favor de la censura.
La extrema derecha de Marine Le Pen ha anunciado que respaldará la moción, aunque las cifras actuales no aseguran el derrocamiento del Ejecutivo. La ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, defendió en la Asamblea Nacional que “estamos presentando propuestas para el debate” y cuestionó las iniciativas de censura, alertando que, de prosperar, “no habrá Gobierno y no habrá debate”. “El único debate que tendremos será sobre la incertidumbre económica, sobre el desorden económico, sobre la agitación en la que estaríamos sumiendo al país sin votar un presupuesto”, añadió.
Los cálculos sugieren que Lecornu evitaría la caída gracias a las concesiones ofrecidas a los socialistas, entre ellas la suspensión de la reforma de las pensiones, una mayor contribución fiscal de los más ricos y la renuncia a gobernar por decreto. No obstante, el margen de maniobra es limitado, ya que el Partido Socialista mantiene abierta la posibilidad de presentar otra moción de censura este otoño boreal si no se cumplen sus condiciones en el marco del debate presupuestario.
El Gobierno dispone de 50 días para que el Parlamento examine el presupuesto de la Seguridad Social, que incluirá la suspensión de la reforma de las pensiones, y de 70 días para la aprobación del presupuesto del Estado de 2026. Estos plazos, establecidos en la Constitución, se complican por la fragmentación parlamentaria y la previsión de numerosas enmiendas. Además, al haber renunciado a usar el mecanismo constitucional que permite la adopción de leyes sin voto, el Ejecutivo necesitará consenso para avanzar.
La tramitación de la suspensión podría verse dificultada por otras aportaciones al texto legislativo que resulten inaceptables para la izquierda. En caso de un bloqueo presupuestario total, Lecornu podría recurrir a una ley especial que permita seguir recaudando impuestos hasta la aprobación de un presupuesto definitivo, medida que ya se empleó en 2024 tras la moción de censura que destituyó al gobierno de Michel Barnier en diciembre de ese año.
(Con información de EFE)