
Investigadores estadounidenses revelaron este martes que más de 210 sitios en Rusia y Bielorrusia han sido utilizados para mantener y someter a niños ucranianos a programas de adoctrinamiento, entrenamiento militar, fabricación de drones y otras formas de reeducación forzada. El dato proviene de un informe publicado por el Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale, que advierte que el número real de ubicaciones podría ser aún mayor.
Según el informe, miembros del equipo de Yale han identificado más de 150 nuevos centros en el último año, lo que eleva el total a “la cifra más alta publicada hasta la fecha” sobre las instalaciones vinculadas a la deportación de menores ucranianos. El Laboratorio basa sus conclusiones en fuentes abiertas y análisis de imágenes satelitales. “El número real probablemente sea mayor, ya que hay múltiples lugares aún en investigación y pueden existir otros no identificados hasta ahora”, señala el reporte.
Las autoridades ucranianas afirman que Rusia ha deportado o desplazado por la fuerza a más de 19.500 niños hacia su territorio y al de Bielorrusia, en violación de la Convención de Ginebra y otras normas internacionales. El informe de Yale calcula que la cifra real podría superar los 35.000 menores.

El documento sostiene que aproximadamente la mitad de los centros detectados se encuentran bajo control directo del gobierno ruso y albergan tanto campamentos de verano como escuelas-cuartel, bases militares, instalaciones médicas, instituciones religiosas y sanatorios.
Nathaniel Raymond, director ejecutivo del Laboratorio Humanitario de Yale, advirtió en declaraciones a Reuters que el modelo operativo detectado “representa un sistema potencialmente sin precedentes de reeducación forzada a gran escala, entrenamiento militar y establecimientos con capacidad para retener a decenas de miles de niños de Ucrania durante largos periodos”. Raymond subrayó: “Ahora conocemos el alcance de lo que estamos enfrentando (…) Lo difícil es que repatriar a estos niños y atacar este sistema depende de una unidad global total”.
Entre los hallazgos concretos, el informe documenta que al menos 39 ubicaciones han servido para entrenamiento militar; 34 de ellas se identificaron recién en la última revisión.

Según los investigadores, menores de entre ocho y dieciocho años han sido trasladados a campamentos y bases donde participaron en programas de militarización, incluidos adiestramientos en combate, desfiles, manejo y ensamblaje de drones, ejercicios de tiro, lanzamientos de granadas, simulacros de táctica médica y educación en historia militar rusa.
En uno de los ejemplos citados, el laboratorio reveló que niños originarios de la región de Donetsk recibieron instrucción en “operaciones aerotransportadas” en una base manejada directamente por la Administración Presidencial de Rusia. Su traslado, según los datos recogidos, se realizó en un avión gestionado por la Dirección de Gestión de Propiedades Presidenciales, una oficina de alto nivel dentro del Kremlin. Los especialistas advierten que muchas de estas operaciones cumplen los criterios de deportación forzada y adoctrinamiento prohibidos por el derecho internacional humanitario.
Además, el informe destaca que la cantidad de menores localizados y la red de instalaciones siguen en aumento desde la última publicación en 2023, cuando Yale identificó solo 43 centros y alrededor de 6.000 niños afectados. Los datos de 2024 reflejan una aceleración en el traslado y concentración de niños ucranianos en territorio ruso.
Estas conclusiones respaldaron la decisión de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, que en 2023 emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y su comisionada para la infancia, Maria Lvova-Belova, por crímenes de guerra relacionados con la deportación ilegal de menores ucranianos.

El Kremlin negó reiteradamente las acusaciones, sosteniendo que los traslados se realizan de manera voluntaria para evacuar a menores de zonas de guerra. Hasta el momento, Moscú no ha dado respuesta al informe más reciente de Yale.
Por parte de Ucrania, la comisionada para los derechos humanos confirmó recientemente la repatriación de más de 1.600 niños deportados. El jefe de gabinete del presidente ucraniano, Andriy Yermak, anunció que 16 menores lograron regresar a su país este lunes tras pasar “años bajo presión, temor y humillación” en territorio ruso.
Desde febrero de 2022, los traslados forzosos abarcan distancias de hasta 5.600 kilómetros e incluyen cadetes, huérfanos, estudiantes de escuelas secundarias y universitarias. El informe recalca que la magnitud y organización del sistema ruso de retención y adoctrinamiento sistemático de niños ucranianos no tiene antecedentes documentados en Europa en las últimas décadas.
(Con información de Reuters)
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