El Parlamento de Israel rechazó este jueves, tras una sesión que se extendió hasta la madrugada, una moción presentada por la oposición para disolver la Knéset. La propuesta, que habría abierto la puerta a elecciones anticipadas, fue rechazada con 61 votos en contra y 53 a favor, en un contexto de tensión política por la legislación sobre el reclutamiento militar de los judíos ultraortodoxos.
La iniciativa fue impulsada por el partido Yesh Atid, encabezado por el líder opositor Yair Lapid, ante la falta de consenso dentro del gobierno sobre una ley que establezca quiénes deben cumplir con el servicio militar obligatorio. El debate se centra en los hombres haredíes —como se conoce a los judíos ultraortodoxos—, tradicionalmente eximidos del reclutamiento si estudian a tiempo completo en escuelas religiosas.
Desde junio de 2024, esa exención dejó de estar legalmente protegida tras la expiración de una disposición temporal. En respuesta, el Tribunal Supremo de Israel ordenó al Ejército comenzar a alistar a los hombres ultraortodoxos, lo que intensificó el conflicto dentro de la coalición gobernante.
Los partidos Shas y Judaísmo Unido de la Torá, ambos ultraortodoxos y parte del bloque que sostiene al primer ministro Benjamin Netanyahu, habían amenazado con abandonar la coalición si no se avanzaba en una ley que preserve las exenciones. No obstante, ambas formaciones votaron finalmente contra la disolución del Parlamento tras alcanzar lo que describieron como “principios de entendimiento sobre la Ley para Preservar el Estatus de los Estudiantes de Yeshivá”.
La oposición se negó a posponer la votación, como pedían los partidos religiosos, y decidió continuar con el intento de disolución. “No hay razón para seguir dando tiempo a un gobierno que no gobierna”, declaró Lapid ante el pleno, aunque reconoció que no alcanzaban los votos necesarios.
El servicio militar en Israel es obligatorio para la mayoría de los ciudadanos judíos a partir de los 18 años. Sin embargo, desde la fundación del Estado, los estudiantes de yeshivá han recibido exenciones especiales que nunca fueron incorporadas formalmente a la legislación. La reciente decisión judicial cambió ese escenario.
Las negociaciones en curso dentro de la coalición buscan establecer un nuevo marco legal que permita mantener un número significativo de exenciones, al tiempo que se fijan cuotas mínimas de reclutamiento y sanciones civiles para quienes se nieguen a cumplir el servicio. Entre las sanciones propuestas están la restricción de licencias de conducir, prohibiciones para salir del país y la eliminación de beneficios sociales. Las fuerzas armadas han señalado que no están en condiciones de encarcelar a miles de desertores, por lo que proponen medidas alternativas de presión.
El presidente del Comité de Defensa del Parlamento, Yuli Edelstein, confirmó que se han alcanzado acuerdos preliminares con los partidos religiosos sobre la estructura de la ley. El plan incluye objetivos de reclutamiento que alcanzarían el 50 % del grupo convocado en un plazo de cinco años, con sanciones que entrarían en vigor de inmediato en caso de incumplimiento.
La propuesta ha enfrentado una fuerte resistencia dentro de la comunidad haredí.
Algunos rabinos influyentes han emitido directivas religiosas prohibiendo apoyar cualquier norma que establezca cuotas de reclutamiento. Según medios israelíes, la mayoría de los estudiantes de yeshivá rara vez abandonan el país o acceden a educación superior, por lo que las sanciones tendrían un alcance limitado.
La controversia sobre las exenciones ha cobrado nueva relevancia desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza, que obligó al gobierno a extender el servicio militar obligatorio y movilizar a decenas de miles de reservistas. En este contexto, aumenta la presión social para que todos los sectores de la población compartan las cargas del conflicto armado.
Por ahora, el resultado de la votación otorga a Netanyahu una semana adicional para estabilizar su coalición y avanzar en un acuerdo legislativo. De fracasar, se reactivará la presión opositora para convocar elecciones, mientras continúa el debate sobre el futuro del servicio militar en Israel.
(Con información de EFE y AFP)
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