El suicidio el pasado domingo de un recluso con permiso de trabajo, tras presuntamente asesinar a una compañera y agredir a otra persona, sacudió a la sociedad italiana y abrió un intenso debate sobre el equilibrio entre rehabilitación y seguridad en el sistema penitenciario del país.
Emanuele De Maria, de 35 años, se arrojó desde la terraza del emblemático Duomo de Milán ante decenas de turistas horrorizados, poniendo fin a una fuga de 48 horas que comenzó cuando no regresó al centro penitenciario de Bollate tras su jornada laboral como recepcionista en el Hotel Berna de la capital lombarda.
El caso resultó especialmente impactante porque De Maria cumplía condena precisamente por un feminicidio cometido en 2016, y ahora se investiga su implicación en el asesinato de una compañera de trabajo, Chamila Wijesuriyauna, de 50 años, con quien mantenía una relación sentimental. Antes de huir, también había apuñalado a otro colega, Hani Nasr, quien sobrevivió al ataque.
El fiscal a cargo de la investigación, Francesco De Tommasi, reveló que todo indica que los ataques fueron premeditados y ha ordenado autopsias completas, incluyendo análisis toxicológicos. Mientras tanto, los investigadores intentan reconstruir con precisión los movimientos del fugitivo durante el tiempo que permaneció en paradero desconocido.
Controversia política
La conmoción social derivó rápidamente en controversia política. Desde la derecha italiana, el senador Maurizio Gasparri cargó duramente contra la magistratura, exigiendo responsabilidades por lo que considera “evaluaciones evidentemente erróneas” que permitieron a De Maria acceder a permisos penitenciarios. “Espero que esta vez quien ha cometido errores en la Magistratura pague y no ocurra lo que ocurre siempre: las togas se equivocan y los ciudadanos pagan”, sentenció.
El Ministerio de Justicia ha solicitado toda la documentación del caso y podría iniciar una inspección sobre los criterios aplicados para la concesión del permiso. El subsecretario de Justicia Andrea Delmastro explicó que intentarán comprender “cómo pudo suceder que fuese considerado no peligroso socialmente”.
Incluso el alcalde de Milán, el progresista Beppe Sala, reconoció la dificultad de justificar estas medidas ante la opinión pública: “Es difícil explicar a los ciudadanos cómo, después de un homicidio, la condena sea de 14 años y tras no muchos años el condenado pueda salir”.
Los números desmienten el caso aislado
Lejos del ruido mediático y político, los expertos en reinserción social y derecho penitenciario defienden con datos la eficacia del sistema. Italia concedió en 2024 más de 35.000 permisos premio y mantiene actualmente a unas 1.340 personas en régimen de semilibertad, con tasas de éxito notables.
“Este caso representa una excepción estadística que no debería cuestionar todo el sistema”, explicó Patrizio Gonnella, presidente de la asociación Antigone, dedicada a la defensa de los derechos humanos en las cárceles. “Menos del 1% de las medidas alternativas son revocadas por la comisión de nuevos delitos, mientras que la reincidencia alcanza el 70% entre quienes cumplen toda su condena en prisión sin acceso a programas de reinserción”.
Las cifras son contundentes: la tasa de reincidencia entre reclusos que participan en programas laborales se sitúa entre el 3% y el 7%, frente al 70% en el resto de la población carcelaria. Actualmente, unos 21.235 reclusos trabajan en Italia, aunque la mayoría lo hace dentro de las prisiones. Solo un 15,5% lo hace con empresas externas.
Un sistema necesario pero mejorable
El caso De Maria ha puesto de manifiesto posibles deficiencias en los protocolos de seguimiento. Luciano Pantarotto, experto en reinserción de la asociación Confcooperative-Federsolidarietà, señaló: “Un detenido que trabaja en el exterior debe ser monitoreado. Las Oficinas de Ejecución Penal Externa tienen dificultades para seguir al personal fuera de las cárceles. De Maria era un semilibre y debía ser observado”.
El abogado del fallecido, Daniele Tropea, defendió que su cliente “merecía el permiso de trabajo visto el excelente recorrido que había realizado dentro del centro penitenciario”, y calificó lo sucedido como “completamente inimaginable”.
En marzo de 2025, el Tribunal Constitucional italiano declaró inconstitucional la norma que establecía una exclusión bienal para la concesión de permisos premio a reclusos imputados o condenados por delitos cometidos durante la ejecución de la pena, fortaleciendo la importancia de evaluar caso por caso y evitar automatismos.
El riesgo de generalizar
Actualmente, cerca de 97.000 personas en Italia cumplen algún tipo de medida alternativa a la prisión completa, un número creciente sin el cual, según los expertos, las cárceles italianas, ya sobrepobladas, habrían colapsado hace tiempo.
“Preguntarse si ‘tirar por la borda’ estos beneficios después de un episodio como el de De Maria sería una reacción instintiva, no racional”, apunta un editorial de Il Dubbio, un medio especializado en temas carcelarios. “Porque detrás de los números —miles de permisos, más de mil semilibertades activas— hay vidas que, una vez puestas en libertad controlada, no vuelven a infringir la ley. Los sucesos trágicos impactan y conmocionan, pero no pueden borrar la experiencia positiva de quienes, tras cumplir parte de su condena, han logrado reconstruir su futuro”.
El caso ha puesto sobre la mesa un debate fundamental que Italia deberá afrontar: cómo garantizar la seguridad ciudadana sin renunciar a un sistema que estadísticamente funciona para reintegrar a la mayoría de los reclusos. Una ecuación compleja cuya resolución determinará el futuro del modelo penitenciario italiano.
