En una nueva ofensiva contra los derechos humanos y la democracia en Hungría, el Parlamento aprobó este lunes por amplia mayoría una polémica enmienda constitucional impulsada por el gobierno del primer ministro Viktor Orbán.
El cambio legal consagra en la Constitución el género binario, restringe de forma drástica los derechos de la comunidad LGBTQ+, incluida la prohibición de manifestaciones como el Orgullo, y otorga al Ejecutivo la facultad de suspender la ciudadanía de quienes cuenten con doble nacionalidad y sean considerados una amenaza para la seguridad nacional.
La medida fue aprobada con 140 votos a favor y apenas 21 en contra, en una sesión marcada por protestas dentro y fuera del edificio parlamentario.
Legisladores opositores del partido liberal Momentum intentaron bloquear el acceso al estacionamiento del Parlamento y desplegaron pancartas en el recinto, mientras que en las afueras, cientos de personas coreaban consignas como “No permitiremos que nos conviertan en la Rusia de Putin”. Una de ellas, Ruby, una joven trans de 19 años, expresó que se manifestaba “para enfrentar a un gobierno que quiere eliminar a las personas trans”.
La nueva enmienda, la número 15 desde la reforma constitucional de 2011, es considerada por juristas y defensores de derechos humanos como un paso más hacia el autoritarismo y el desmantelamiento del Estado de derecho en Hungría.
Reconocimiento exclusivo del sexo binario
La enmienda consagra en la Constitución húngara que las personas solo pueden ser hombres o mujeres según su sexo biológico al nacer.
Esto refuerza el marco legal que impide a las personas trans cambiar su nombre o género desde 2020, y ahora niega constitucionalmente la existencia de personas intersex o transgénero. La medida profundiza la exclusión legal de identidades de género no binarias y consolida una noción conservadora de la biología como base jurídica.
Restricción de derechos en nombre de la infancia
Otro de los artículos reformados establece que los derechos de los niños a su desarrollo físico, mental y moral tienen prioridad sobre cualquier otro derecho fundamental, excepto el derecho a la vida.
Esta cláusula abre la puerta a la prohibición de manifestaciones como la Marcha del Orgullo, bajo el argumento de que podrían vulnerar el bienestar de los menores. Para los críticos, es una forma encubierta de censura y represión de derechos colectivos.
Prohibición de actos públicos LGBTQ+
En línea con lo anterior, se refuerza una legislación previa aprobada en marzo que prohíbe eventos públicos organizados por comunidades LGBTQ+, como el desfile del Orgullo en Budapest.
La medida, que ya fue duramente criticada por organismos internacionales, autoriza incluso el uso de reconocimiento facial para identificar y sancionar a los asistentes. Las multas pueden alcanzar los 200.000 forintos (unos 546 dólares), lo que genera un efecto disuasorio sobre la libertad de reunión y expresión.
Suspensión de la ciudadanía a personas con doble nacionalidad
La nueva disposición permite al gobierno húngaro suspender por hasta diez años la ciudadanía a ciudadanos con doble o múltiple nacionalidad si se los considera una amenaza para la seguridad nacional. Aunque no se especifica a quiénes apunta, se sospecha que está dirigida contra figuras como el multimillonario húngaro-estadounidense George Soros, acusado por Orbán de financiar medios y ONG opositoras. Estarían exentos los ciudadanos de otros países de la UE y algunos estados europeos.
Reconocimiento facial para vigilar protestas
La legislación también contempla el uso ampliado de tecnologías de vigilancia, particularmente el reconocimiento facial, que ya se utilizaba en investigaciones criminales.
A partir de ahora, podrá emplearse para identificar personas en eventos considerados ilegales, como manifestaciones LGBTQ+, lo que representa una seria amenaza a los derechos de privacidad y protesta.
Esta tecnología, hasta ahora usada para investigaciones criminales, podría tener un “efecto disuasorio devastador” sobre la libertad de reunión, advierte el abogado Ádám Remport.
Desde Bruselas, la Comisión Europea evitó pronunciarse de inmediato. La portavoz de Salud e Igualdad, Eva Hrncirova, afirmó que se analizarán con atención los cambios antes de emitir una posición oficial, aunque recordó que ya hay un procedimiento en marcha contra Hungría ante el Tribunal de Justicia de la UE por una ley similar.
“No dudaremos en actuar si es necesario”, advirtió.
Los analistas políticos ven en esta ofensiva legal un intento del gobierno de Orbán de recuperar la iniciativa frente a una creciente oposición interna liderada por Péter Magyar, cuyo nuevo partido TISZA está erosionando la hegemonía de Fidesz de cara a las elecciones parlamentarias de 2026. “Este bullicio legislativo busca cambiar el eje del debate público, alejándolo del colapso de los servicios públicos y la crisis económica”, explicó el politólogo Szabolcs Pek.
