“Hay cada vez más discursos que ponen en duda ciertos principios fundamentales que durante décadas hemos tomado por evidente”. Con estas palabras, Eran Nagan, subjefe de la Delegación de la Unión Europea en Argentina, abrió el seminario que reunió en Buenos Aires a especialistas, funcionarios y académicos de América Latina y Europa para debatir los desafíos actuales en materia de derechos humanos.
Organizado por la Red Política NetworkPolicyDebate y con apoyo de la Unión Europea, el IX Seminario Jean Monnet Network – Bridge Watch, con el eje temático Derechos humanos, dignidad e igualdad: un diálogo entre América Latina y Europa se desarrolló en la Universidad del Salvador.
Durante la apertura, Nagan destacó la pertinencia del seminario en un contexto global marcado por el auge del autoritarismo y el cuestionamiento de principios democráticos básicos. Insistió en que el respeto por los derechos humanos es una condición esencial tanto de la política interna como de la acción exterior de la UE, incluyendo acuerdos comerciales como el que se está ratificando con el Mercosur.
La trata de personas como violación de derechos humanos
La doctora María Alejandra Mangano, co-titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) de la Procuración General de la Nación Argentina, abordó la trata de personas como una forma contemporánea de esclavitud y crimen organizado, que requiere una articulación entre la persecución penal y la protección de las víctimas. “Esta aparente tensión entre lo penal y lo social es central para comprender los desafíos actuales del abordaje de la trata”, señaló.
Mangano repasó la evolución normativa desde la aprobación del Protocolo de Palermo (2000), que dio impulso a leyes nacionales contra la trata en la región. Insistió en que las víctimas deben estar en el centro del proceso judicial: “Los Estados no solo deben investigar y sancionar, sino también garantizar protección integral y reparación”. Denunció la criminalización frecuente de las víctimas y alertó sobre la falta de legislación específica para asegurar reparaciones económicas con fondos obtenidos de los delitos.
Mangano también destacó que, pese a los avances normativos, muchas víctimas continúan siendo criminalizadas por conductas a las que fueron forzadas en contextos de explotación. “Lo más habitual es que las víctimas sean utilizadas para cometer delitos menores o captar a otras personas”, explicó, y subrayó que los sistemas judiciales deben aplicar el principio de no criminalización desde el primer momento del proceso penal. Además, enfatizó la necesidad de que los Estados cuenten con legislación que permita usar los fondos decomisados a las redes criminales para reparar económicamente a las víctimas, una práctica que no está garantizada en muchos países de la región.
Inteligencia artificial, democracia y derechos fundamentales
El jurista español Rafael Rubio Nuñez, de la Universidad Complutense de Madrid, abordó el impacto de la inteligencia artificial (IA) sobre la democracia y los derechos fundamentales. “La IA nos obliga a repensar los derechos existentes a la luz de nuevas amenazas”, afirmó.
Rubio destacó la paradoja entre el entusiasmo tecnológico y la preocupación creciente por sus efectos: “Hemos pasado de la utopía al apocalipsis”. Señaló que la IA afecta desde el derecho a la privacidad hasta la libertad de expresión, pasando por el derecho a no ser discriminado y el derecho al voto informado. “Cuando reducimos a la persona a la condición de dato, le quitamos su dignidad”, advirtió.
A su juicio, los sistemas jurídicos deben enfocarse menos en regular nuevas tecnologías desde el miedo y más en adaptar el marco de derechos existentes, fortaleciendo las instituciones de garantía. Celebró que proyectos como este seminario promuevan el diálogo entre Europa y América Latina, y concluyó: “Estamos ante una gran oportunidad de liderazgo compartido en el campo de los derechos humanos frente a la tecnología”.
Derechos humanos y medioambiente: regulaciones y tensiones
La jurista brasileña Jamile Bergamaschine Mata Diz, profesora de la Universidad Federal de Minas Gerais, centró su intervención en el impacto de las normativas europeas en el comercio con terceros países.
Discrepando con quienes niegan la existencia de un “efecto Bruselas”, afirmó: “Yo digo que hay efectos Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo”. Enfatizó que las regulaciones europeas, incluso las más técnicas y complejas, como la Directiva 2024/1760 sobre debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente, tienen un impacto concreto en las relaciones económicas con América Latina.
“No solo las empresas europeas deben cumplir esos requisitos, también sus filiales y socios comerciales en terceros países”, explicó. Aludió también al reglamento europeo sobre deforestación, que exige georreferenciar propiedades en países exportadores, una medida que ha generado tensiones.
La profesora brasileña también hizo hincapié en que muchas de las normativas europeas, como la directiva sobre debida diligencia en derechos humanos y medioambiente, tienen un impacto directo en las negociaciones y relaciones entre el Mercosur y la Unión Europea.
“Estamos en una relación de cooperación, no de sumisión”, advirtió, al señalar que las empresas latinoamericanas se ven obligadas a cumplir estándares europeos estrictos sin acceder a los mismos recursos ni condiciones de competitividad.
Según Bergamaschine, si Europa desea avanzar hacia una agenda común de sostenibilidad, debe hacerlo “en pie de igualdad”, evitando imponer regulaciones unilaterales que desborden las capacidades institucionales o económicas de los países del sur.
Cooperación interregional como camino común
En conjunto, el seminario reflejó la urgencia de construir una agenda compartida entre la Unión Europea y América Latina frente a un escenario global incierto. Como remarcó Nuno Cunha Rodrigues, coordinador del proyecto Jean Monnet “Bridge Watch” y profesor de la Universidade de Lisboa: “El derecho puede aparecer como algo de estabilidad en las relaciones entre pueblos y entre Estados”.
Al leer los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea, Rodríguez recordó que el bloque se funda en los valores de dignidad humana, democracia, igualdad y estado de derecho, y que tiene el mandato de promover estos principios en sus relaciones exteriores. La tensión entre intereses económicos, regulaciones exigentes y principios compartidos marcó muchas de las intervenciones.
En un momento de retrocesos democráticos en distintas partes del mundo, los participantes coincidieron en que la educación en derechos humanos, el fortalecimiento institucional y la cooperación interregional son herramientas imprescindibles para enfrentar los desafíos actuales.
“La educación es clave. Las nuevas generaciones deben entender el valor de los derechos humanos”, sintetizó Nagan.
