Las autoridades turcas confirmaron este martes la detención de al menos 1.133 personas durante las protestas en varias ciudades del país por el arresto del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, figura central de la oposición y principal rival del presidente Recep Tayyip Erdogan en las elecciones presidenciales previstas para 2028. Las manifestaciones, iniciadas el miércoles pasado tras la detención del líder socialdemócrata, han derivado en una ola de disturbios y una fuerte respuesta policial en al menos 55 de las 81 provincias turcas.
El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, señaló que entre los arrestados hay personas acusadas de insultar al mandatario y a su familia durante una protesta celebrada la noche del lunes en la Plaza Saraçhane de Estambul, donde se encuentra la sede del ayuntamiento. “Nuestros servicios de seguridad iniciaron inmediatamente los procedimientos necesarios tras los viles insultos dirigidos contra nuestro presidente, su difunta madre y su familia”, escribió Yerlikaya en la red social X, donde calificó a los detenidos como “provocadores” y anunció que las investigaciones para localizar a más sospechosos siguen en curso.
Según el diario BirGün, los 43 arrestos por estos insultos se efectuaron durante la mañana del martes en operativos realizados en domicilios de las ciudades de Estambul, Ankara, Esmirna y Eskisehir. Durante la protesta de la noche anterior en Estambul, la policía empleó gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes, obligando a muchos a refugiarse en las dependencias del ayuntamiento. En Antalya, los agentes utilizaron cañones de agua y detuvieron al menos a 25 personas.
El alcalde Imamoglu fue detenido el miércoles y enviado a prisión preventiva el domingo. La justicia turca lo acusa de corrupción y sobornos, aunque la oposición considera que las acusaciones son parte de una maniobra política para impedir su candidatura presidencial. Ese mismo domingo, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), principal fuerza opositora, lo eligió como su único candidato para las presidenciales de 2028 con el respaldo de más de 15 millones de votos.
El encarcelamiento del alcalde de Estambul ha provocado una reacción social masiva. Las protestas se han convertido en las mayores en Turquía desde las movilizaciones del Parque Gezi en 2013. “Estudiantes de universidades de Estambul y Ankara han llamado a boicotear las clases”, mientras miles de personas realizan cacerolazos y apagones coordinados desde sus domicilios como forma de protesta.
El lunes por la noche, miles de personas marcharon desde el barrio de Besiktas hasta la sede municipal, según constató un periodista de la AFP. Las autoridades locales, como el gobernador de Estambul, Davut Gul, acusaron a los manifestantes de “dañar mezquitas y cementerios” y advirtieron que no se tolerará ningún intento de alterar el orden público.
Organizaciones internacionales han condenado la respuesta del gobierno. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, a través de su portavoz, declaró que sigue “muy de cerca” la situación en Turquía y pidió que se garantice el derecho a la manifestación pacífica y la libertad de prensa. “Es imperativo que se permita a los periodistas hacer su trabajo libremente sin miedo al acoso y la detención”, afirmó su portavoz Stéphane Dujarric.
La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció la detención de al menos diez periodistas el lunes en Estambul y Esmirna por cubrir las protestas, incluido un fotógrafo de AFP. “Pedimos la liberación de los periodistas detenidos”, declaró el representante de RSF en Turquía, Erol Önderoglu. Por su parte, la ONG Amnistía Internacional instó al gobierno turco a cesar el uso “ciego e inútil de la fuerza” contra los manifestantes.
Desde la cárcel de Silivri, Imamoglu envió un mensaje a través de sus abogados, asegurando que no se rendirá ante lo que calificó como una “ejecución política sin juicio”. “No retrocederé ni un milímetro. ¡Ganaré esta guerra!”, afirmó.
El presidente Erdogan respondió el lunes en un discurso televisado, acusando a la oposición de “jugar con los nervios de la nación” y de incitar a grupos “marginales” contra la policía. Mientras tanto, el gobierno ha solicitado el cierre de más de 700 cuentas en la red social X relacionadas con la organización de las protestas, según informó la propia plataforma.
(Con información de EFE y Europa Press)
