Expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU advirtieron en su último informe de un aumento de los abusos de los derechos y la persecución de civiles en Irán.
En el documento, los miembros del grupo de investigación denunciaron que el régimen persa ha intensificado “los esfuerzos para restringir los derechos de los civiles, incluidos los niños pequeños”, con el objetivo de “aplastar a la disidencia”. Para ello, apuntaron, las autoridades recurrieron a “torturas físicas y psicológicas, y una amplia gama de graves violaciones del debido proceso y de los juicios justos”, así como a “amenazas con armas de fuego” y el empleo de “sogas al rededor de los cuellos, como una forma de tortura psicológica”.
Esta situación se intensificó tras las protestas desatadas en 2022, cuando la joven kurda Mahsa Amini fue brutalmente asesinada por la Policía de la Moral, por llevar mal colocado el hiyab. Este episodio alentó a la sociedad y las voces disidentes a pronunciarse al respecto y salir, durante semanas, a protestar tanto dentro como fuera del país.
Estas manifestaciones fueron brutalmente sofocadas por las autoridades, que buscaron a toda costa restablecer el orden en el territorio.
“Al reprimir las protestas nacionales de 2022, las autoridades estatales de Irán cometieron graves violaciones de los Derechos Humanos, algunas de las cuales -según la misión- constituyeron crímenes de lesa humanidad”, sumó al respecto el documento.
Asimismo, consecuencia de esta iniciativa que buscó desafiar las leyes islámicas, el régimen persa intensificó la persecución y la vigilancia sobre las mujeres, especialmente en lo que respecta al uso del hiyab, uno de los mayores símbolos de opresión a este sector.
“Dos años y medio después del inicio de las protestas en septiembre de 2022, las mujeres y niñas en Irán siguen sufriendo una discriminación sistemática, tanto en la ley como en la práctica, que permea todos los aspectos de sus vidas, en particular en lo que respecta a la aplicación del hiyab obligatorio”, apuntó el informe.
Para llevar a cabo esta vigilancia, el régimen ordenó el despliegue de drones, la instalación de cámaras y la implementación de software de reconocimiento facial en lugares públicos, para detectar a quienes incumplan las normas de vestimenta. Además, lanzó la aplicación móvil Nazer de la Policía, por medio de la cual la sociedad puede denunciar a mujeres que no lleven su velo e, incluso, incluir datos clave para su arresto como la ubicación, la fecha, la hora y la matrícula del vehículo en el que se desplaza, en caso de aplicar.
Luego, una vez que son detectadas infringiendo las leyes islámicas, las mujeres son sometidas a todo tipo de condenas, como “sanciones penales, multas, largas penas de prisión y, en algunos casos, la pena de muerte”, sumó la Misión de la ONU.
De hecho, a mediados de noviembre pasado se conoció que el régimen persa había anunciado la creación de una “clínica de tratamiento” en el país, a donde serían enviadas las mujeres que desafíen las normas.
Allí, según Mehri Taleb Darestani, directora del Departamento para la Mujer y la Familia, estas personas recibirían “tratamiento científico y psicológico para curarse”.
Todas estas acciones distan completamente de las promesas que el presidente Masud Pezeshkian había realizado durante su campaña, en las que se comprometió a “evitar el trato injusto de niñas y mujeres en las calles” y a trabajar por eliminar la discriminación y las injusticias sociales.
(Con información de Europa Press)
