El ex presidente filipino Rodrigo Duterte participó este viernes de la primera audiencia ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya desde su detención esta semana y afirmó ser víctima de un “ajuste de cuentas político”.
“Mi nombre es Rodrigo, mi segundo nombre es Roa y mi apellido es Duterte, Du-ter-te”. Estas fueron de las pocas palabras que pronunció, con una dificultad aparente para hablar, el que fue alcalde de Dávao durante tres períodos diferentes entre 1988 y 2016, y después presidente de Filipinas hasta junio de 2022, épocas en las que habría sido responsable de asesinatos como crimen de lesa humanidad como parte de su ‘guerra contra las drogas’ en diferentes partes del país.
Después confirmó su fecha y lugar de nacimiento (la jueza tuvo que repetirle la pregunta), y su abogado tomó la palabra, para hablar en su nombre.
El ex mandatario compareció por videollamada y respaldó el argumento de su defensa, que asegura que fue secuestrado de su propio país y que está siendo juzgado injustamente.
“Hace dos días, el que fuera presidente de un país soberano fue introducido en un avión en lo que podría ser descrito como una entrega extrajudicial o, para la gente menos familiarizada con los términos legales, como un puro y simple secuestro” ordenado por “el actual presidente de Filipinas”, que busca “neutralizar” su “legado”, comenzó diciendo su abogado ante los magistrados de la Sala 1 de la CPI en La Haya.
Asimismo, lamentó que su cliente se encuentre recluido pese a los “problemas médicos que lo están debilitando”, así como su “déficit de audición”, y reclamó que se le permita el debido acceso al contacto con sus abogados, que aún no le han sido garantizados.
“Reto a la acusación a que explique cómo esta transferencia no ha sido otra cosa más que un abuso de los procedimientos”, insistió en ese sentido.
Duterte fue detenido este martes en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino (NAIA) a su llegada a Manila bajo acusaciones de presuntos crímenes de lesa humanidad de asesinato cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019 como parte de un mecanismo “generalizado” y “sistemático” en el marco de su lucha contra las drogas en el país.
Según estadísticas oficiales de la Policía de Filipinas, más de 6.000 personas fueron asesinadas en esta “guerra”, en su mayoría personas empobrecidas en zonas urbanas, aunque organizaciones de derechos humanos aseguran que la cifra es considerablemente mayor, cercana a las 30.000 víctimas, entre ellas muchos niños.
A raíz de estas denuncias y de las pertinentes investigaciones, la CPI concluyó que existen “motivos razonables” para respaldar sus denuncias y, tras tomar custodia del ex presidente, se prepara ahora para iniciar su juicio. Se trata del primer ex presidente asiático en hacer frente a cargos en su contra en esta Corte.
La audiencia de este viernes fue tan solo una primera instancia de presentación y se espera que el proceso inicie formalmente el 23 de septiembre, con la confirmación de los cargos en su contra. El máximo tribunal internacional confirmó que el caso se llevará a cabo en inglés por pedido de Duterte.
Poco después de su llegada a La Haya, el ex mandatario filipino había defendido las acciones bajo escrutinio y aseguró que asumirá la responsabilidad de dichos actos.
“Yo era el que dirigía a las fuerzas del orden y al Ejército. Dije que los protegería y asumo mi responsabilidad por todo esto. He estado diciéndole a la Policía y a las Fuerzas Armadas que este era mi trabajo y que, por tanto, soy el responsable”, dijo entonces.
(Con información de EFE y Europa Press)
