El ex presidente filipino Rodrigo Duterte enfrenta un futuro incierto tras su arresto este martes en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila, en cumplimiento de una orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional (CPI). Acusado de crímenes contra la humanidad por su sangrienta campaña antidrogas, el ex mandatario podría ser extraditado a La Haya (Países Bajos) para ser juzgado.
Duterte, de 79 años, fue detenido al regresar de Hong Kong, donde participó en un acto electoral previo a los comicios de mayo de 2025.
Su aparición en el evento generó especulaciones sobre una posible huida para evadir el arresto. En su discurso ante miles de trabajadores filipinos expatriados, justificó nuevamente su guerra contra las drogas y declaró estar dispuesto a ir a la cárcel.
Ahora, el ex mandatario permanece bajo custodia de las autoridades filipinas mientras se define su destino legal y político.
¿Por qué Duterte era popular en Filipinas pero condenado en el extranjero?
Duterte construyó su carrera con un discurso populista y agresivo contra las élites, la Iglesia católica y las potencias occidentales. Como alcalde de Davao, desde finales de los años 80 hasta 2016, impuso un enfoque represivo contra el crimen, que incluyó el uso de escuadrones de la muerte. Se estima que en esa ciudad fueron asesinadas extrajudicialmente unas 1.000 personas, en su mayoría de sectores pobres.
Un agente de policía que desertó del círculo de Duterte declaró a The Associated Press que hasta 10.000 personas murieron a manos de escuadrones de la muerte formados por policías y civiles bajo su administración. Esta brutalidad le valió los apodos de “El Castigador” y “Duterte Harry”.
En 2016, Duterte ganó la presidencia con la promesa de erradicar las drogas y la corrupción en seis meses, aunque nunca cumplió ese objetivo. “A todos los que se dedican a las drogas...los voy a matar de verdad”, dijo en un mitin en Manila.
Su campaña generó críticas de Estados Unidos, la Unión Europea y organismos de derechos humanos, lo que llevó a Duterte a insultar públicamente al entonces presidente Barack Obama y amenazar con romper relaciones con Washington.
El caso contra Duterte en la CPI
La Corte Penal Internacional investiga los crímenes cometidos durante la guerra antidrogas de Duterte entre 1 de noviembre de 2011 y 16 de marzo de 2019, período que abarca tanto su gestión como alcalde de Davao como su presidencia. En 2019, el ex mandatario retiró a Filipinas del Estatuto de Roma, en un intento de evitar la jurisdicción del tribunal.
En 2021, la administración Duterte intentó detener la investigación alegando que la justicia filipina ya estaba investigando los casos. Sin embargo, en julio de 2023, la CPI rechazó esa defensa y ordenó la reanudación del proceso.
La abogada Kristina Conti, quien presentó el caso ante la CPI, afirmó que Duterte debe ser entregado a la corte lo antes posible.
“Cuando una persona es detenida en virtud de una orden de la CPI, debe ser entregada a las fuerzas del orden de un Estado miembro y trasladada a La Haya lo antes posible”, declaró Conti.
¿Será extraditado Duterte?
La decisión sobre la extradición de Duterte recae en el gobierno del presidente Ferdinand Marcos Jr., su antiguo aliado convertido en adversario. Aunque Filipinas no forma parte de la CPI, el país sí es miembro de Interpol, por lo que la orden de arresto podría ejecutarse a través de una Notificación Roja, un mecanismo de cooperación policial internacional.
Hasta el momento, ni la CPI ni Interpol han confirmado oficialmente la orden de arresto. Sin embargo, un político filipino involucrado en el caso declaró a AP que la CPI ya habría emitido la orden a través de Interpol, aunque pidió anonimato por la sensibilidad del tema.
Si Filipinas rechaza la extradición, Duterte podría ser juzgado dentro del país. Sin embargo, la CPI ya ha señalado que la justicia filipina no ha investigado eficazmente las ejecuciones extrajudiciales, lo que justificó la reapertura del caso en 2023.
Estrategias de defensa y posibles escenarios
El equipo legal de Duterte podría argumentar que Filipinas ya no reconoce la jurisdicción de la CPI y que, por lo tanto, la orden de captura es inválida. También podrían presentar un recurso de habeas corpus para cuestionar la legalidad de su arresto.
Además, Duterte podría buscar apoyo político y social para presionar al gobierno a no entregarlo. Sus seguidores han calificado el arresto de ilegal y han convocado movilizaciones. En Davao, su bastión político, las fuerzas de seguridad han reforzado la vigilancia ante posibles disturbios.
El ex presidente también ha utilizado su imagen populista para minimizar las acusaciones en su contra. Durante su discurso en Hong Kong, preguntó: “¿Cuál fue mi pecado? Hice todo lo que pude para que los filipinos tuvieran un poco de paz y tranquilidad”. En tono irónico, pidió a sus seguidores que recaudaran fondos para construirle un monumento sosteniendo un arma.
Impacto político y consecuencias legales
Duterte planeaba postularse como alcalde de Davao en las elecciones de mayo de 2025, con su hijo como vicealcalde. Sin embargo, su arresto podría inhabilitarlo políticamente y debilitar la influencia de su familia.
Su hija, la vicepresidenta Sara Duterte, también enfrenta un juicio político en el Senado, lo que suma incertidumbre sobre el futuro de la dinastía Duterte en la política filipina.
Si Duterte es extraditado a la CPI, enfrentará un juicio en La Haya y podría ser condenado a cadena perpetua. La corte ha procesado a varios exlíderes bajo cargos similares, como el expresidente de Sudán Omar al-Bashir y el exlíder yugoslavo Slobodan Milošević.
(Con información de The Associated Press)
