En una decisión sin precedentes, Nauru, una diminuta nación insular ubicada en medio del Océano Pacífico, optó por vender su ciudadanía como mecanismo de financiación para afrontar los efectos del cambio climático. La medida, anunciada por el presidente David Adeang, busca recaudar fondos para la reubicación de la población en zonas más elevadas dentro de la misma isla, ya que el aumento del nivel del mar amenaza con devorar su escasa franja costera habitable.
Con apenas 21 kilómetros cuadrados de superficie, Nauru se encuentra entre los países más vulnerables al aumento del nivel del mar. Los estudios científicos determinaron que las aguas del océano Pacífico están subiendo a un ritmo 1,5 veces más rápido que el promedio mundial, un fenómeno que agrava la erosión costera y amenaza con hacer inhabitable gran parte del territorio restante de la isla.
Ante esto, el gobierno estima que el 90% de su población, es decir, cerca de 11.700 personas, necesitarán reubicarse en áreas más altas para evitar quedar desplazadas por las crecientes mareas. No obstante, el desafío es monumental, ya que el costo de la primera fase de la reubicación supera los 60 millones de dólares. Este presupuesto inicial contempla la construcción de nuevas viviendas, infraestructura y sistemas de abastecimiento de agua en terrenos elevados, pero no garantiza una solución definitiva.
Historia y situación actual del país
Nauru vivió un periodo de prosperidad a mediados del siglo XX gracias a la explotación de fosfato, un mineral clave para fertilizantes, logrando un PIB per cápita comparable al de países ricos. Durante su auge, el gobierno invirtió en infraestructura, subsidios y bienestar para sus 13.000 habitantes. Sin embargo, el agotamiento del fosfato dejó el 80% de la isla inhabitable y sumió al país en una crisis financiera al carecer de fuentes de ingresos sostenibles.
En los últimos años, la isla dependió de acuerdos con Australia, que la utilizó como centro de detención para migrantes, un programa duramente criticado por las condiciones inhumanas y que fue desmontado gradualmente. Con la disminución de estos fondos, el país recurrió a alternativas como la venta de ciudadanía a extranjeros en un intento por superar su precaria economía.
Venta de ciudadanía para financiar la reubicación climática
El programa de “pasaportes dorados” permitirá a extranjeros obtener la ciudadanía nauruana por 105.000 dólares. Con esta estrategia, el gobierno aspira a recaudar inicialmente 5,7 millones de dólares en su primer año, cifra que podría crecer hasta los 43 millones de dólares si se alcanzan las 500 solicitudes aprobadas. De lograrse este objetivo, representaría cerca del 20% de los ingresos totales del país.
Sin embargo, el esquema de venta de pasaportes generó inquietudes dado que, históricamente, estos programas han sido aprovechados por individuos y redes criminales para eludir la ley, lavar dinero o facilitar movimientos transfronterizos sin controles estrictos. En el pasado, Nauru ya había sido señalado por vender permisos a miembros de Al Qaeda, lo cual plantea dudas sobre la viabilidad de un control efectivo en la implementación actual.
Los riesgos, según sus antecedentes
La venta de pasaportes plantea serias preocupaciones en términos de seguridad. Henrietta McNeill, investigadora de la Universidad Nacional de Australia, señaló que programas similares en otras naciones del Pacífico, como Vanuatu, Samoa y Tonga, han sido blanco de críticas por sus vulnerabilidades.
Por su parte, el gobierno de Nauru asegura que esta vez aplicará “los procedimientos de diligencia debida más estrictos y exhaustivos” para evitar abusos. Según Edward Clark, director del programa de ciudadanía por inversión, la iniciativa busca atraer a “inversores con ideas afines” que deseen contribuir al desarrollo sostenible del país.
A pesar de esto, continúa el escepticismo por la capacidad de Nauru para garantizar controles rigurosos, dado su historial y su débil infraestructura de gobernanza.
