Ucrania resiste: el impacto de la ocupación rusa y el dilema de un posible alto el fuego

Después de tres años de guerra a gran escala, Ucrania enfrenta una situación crítica en su lucha contra Rusia. Durante los últimos meses, Moscú ha intensificado sus ataques contra la población civil con drones, misiles y bombardeos diarios en ciudades de todo el país. Centrales eléctricas y redes de transporte han sido destruidas sistemáticamente y millones de personas han sido desplazadas. Pero, pese a estas dificultades, Ucrania ha logrado mantener el control sobre el 80% de su territorio.

Desde una perspectiva externa, la posibilidad de un alto el fuego parece una opción sensata, especialmente dado que Rusia no muestra capacidad para realizar avances significativos y las fuerzas ucranianas enfrentan obstáculos para recuperar los territorios ocupados. Sin embargo, la sociedad ucraniana rechaza mayoritariamente esta idea. La resistencia a una negociación ha cobrado aún más relevancia con la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, ya que el mandatario ha prometido poner fin al conflicto rápidamente y su administración ha insinuado una posible reducción en la ayuda militar a Kiev.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky reafirmó en 2024 su plan de victoria, el cual no contempla concesiones territoriales a Rusia. Según esta visión, aceptar un alto el fuego sin garantías sólidas equivaldría a repetir los errores de 2014, cuando la ocupación de Crimea y el conflicto en el Donbás sirvieron como antesala para la invasión de 2022. La población ucraniana comparte este escepticismo. Para muchos ciudadanos, ninguna negociación es preferible a un mal acuerdo, ya que Rusia ha utilizado las pausas en el conflicto para fortalecer su control sobre los territorios ocupados y preparar nuevas ofensivas.

A pesar del impacto de la guerra, Ucrania ha logrado mantener un nivel relativo de estabilidad. El apoyo presupuestario de Occidente, que representa el 20% del PIB del país, ha permitido un crecimiento económico promedio del 4,4% en los últimos dos años. La inflación se ha mantenido baja y los ingresos familiares han experimentado un ligero aumento. Además, la reapertura de las rutas marítimas tras la neutralización de la Flota del Mar Negro rusa en 2023 impulsó un aumento del 15% en las exportaciones. En el ámbito militar, el 40% de las armas utilizadas en el frente ahora se fabrican dentro del país, en contraste con la total dependencia de armamento extranjero en 2022.

Más allá de la resistencia militar, un factor clave en la determinación de Ucrania para continuar la lucha es la experiencia de la ocupación rusa. Desde 2014, cuando Rusia anexó Crimea y apoyó a separatistas en el Donbás, los ucranianos han sido testigos de un régimen de represión, abusos y crímenes de guerra en los territorios bajo control de Moscú. La invasión de 2022 amplificó esta realidad, con ejecuciones, detenciones arbitrarias y persecución de civiles en las zonas ocupadas.

En la actualidad, Rusia controla alrededor del 80% del Donbás y el 75% de las regiones de Zaporizhzhia y Kherson, lo que representa casi el triple del territorio que había capturado en 2014. Se estima que seis millones de ucranianos viven bajo ocupación, incluyendo 1,5 millones de niños. En estas áreas, Rusia ha implementado tácticas de represión para suprimir cualquier forma de resistencia, como la imposición de la ciudadanía rusa, el cierre de medios de comunicación ucranianos y la instauración de sistemas de control social a través de la red de seguridad del FSB (Servicio Federal de Seguridad de Rusia).

La situación varía entre las regiones ocupadas. En el este del Donbás, bajo dominio ruso desde 2014, la infraestructura ha sido abandonada y la población ha sido utilizada como carne de cañón en la guerra. En las zonas tomadas en 2022, como Kherson y Zaporizhzhia, Moscú ha aplicado un control más estructurado, imponiendo el uso del rublo, introduciendo administradores rusos y promoviendo la migración de ciudadanos rusos para alterar la composición demográfica. En ciudades cercanas al frente de batalla, la estrategia ha sido de destrucción total. Localidades como Bakhmut y Avdiivka, escenario de combates prolongados, han sido devastadas y convertidas en ciudades fantasma.

Rusia ha aplicado un régimen de terror en las zonas ocupadas. En los primeros meses de la invasión, las tropas rusas impidieron a los civiles evacuar las ciudades, disparando contra quienes intentaban huir, según recordó un artículo de Foreign Affairs. Posteriormente, implementaron procesos de “filtración”, similares a los utilizados en la guerra de Chechenia, en los que los residentes eran obligados a registrarse ante las autoridades ocupantes. Este sistema ha servido para identificar y encarcelar a personas sospechosas de lealtad a Kiev, especialmente hombres en edad militar.

En las ciudades más pobladas, Rusia ha dirigido su represión contra funcionarios locales, activistas y empresarios que se negaron a colaborar con la ocupación. Un ejemplo es Sofiivka, una localidad cercana al mar de Azov, donde al menos 40 residentes fueron arrestados por las fuerzas rusas. Tres de ellos llevan más de un año detenidos, y uno murió bajo tortura. En otras áreas, la represión se ha extendido a líderes comunitarios, como alcaldes que han sido secuestrados o forzados al exilio.

Uno de los casos más extremos es Mariupol, que antes de la invasión tenía una población de 540.000 habitantes. La ciudad fue destruida casi en su totalidad tras un asedio de tres meses en 2022. Según estimaciones de Human Rights Watch, más de 10.000 civiles murieron en el ataque y solo 90.000 lograron permanecer en la ciudad. A pesar de ello, el Kremlin ha promocionado Mariupol como un ejemplo de su reconstrucción, atrayendo a colonos rusos y vendiendo apartamentos en edificios destruidos por la guerra.

Las declaraciones del presidente Donald Trump en favor de un alto el fuego han generado especulaciones sobre una posible negociación para congelar el conflicto. Sin embargo, el Kremlin no ha mostrado señales de estar dispuesto a entablar conversaciones. A su vez, el gobierno ucraniano sostiene que, con armas más avanzadas, podría recuperar más territorio y reducir la amenaza rusa a largo plazo.

Encuestas del Instituto Internacional de Sociología de Kiev muestran que el porcentaje de ucranianos dispuestos a aceptar concesiones territoriales para detener la guerra aumentó del 32% al 38% entre octubre y diciembre de 2024. Sin embargo, el 51% sigue oponiéndose a cualquier acuerdo que implique perder territorio. Más allá de los números, la mayoría de los ucranianos consideran que la presencia rusa en cualquier parte del país representa un peligro constante para la soberanía nacional.

El gobierno ucraniano ha señalado que solo consideraría una tregua si se garantizan medidas como la adhesión a la OTAN, el ingreso a la Unión Europea, el suministro continuo de armas avanzadas y financiamiento para la reconstrucción del país. Sin estos compromisos, sostiene que cualquier cese de hostilidades solo serviría para que Rusia se reorganice y prepare una nueva ofensiva en el futuro.

Mientras Ucrania y sus aliados debaten las opciones para el futuro del conflicto, la realidad en el terreno sigue marcada por la resistencia de un país decidido a defender su soberanía a pesar del costo de la guerra.