El caso Almasri: cómo la liberación de un represor libio sacude al gobierno de Giorgia Meloni

Una tormenta política ha estallado en Italia tras la detención y rápida puesta en libertad de Najeem Osema Almasri Habish, jefe de la policía judicial libia acusado de crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional. La decisión del gobierno de Giorgia Meloni de ponerlo en libertad ha generado duras críticas de la oposición, que acusó al ejecutivo de extrema derecha de priorizar la relaciones con Libia por sobre los derechos humanos y la justicia internacional.

Almasri fue detenido el 19 de enero de 2025 en Turín por las autoridades italianas en cumplimiento de una orden de captura de la Corte Penal Internacional (CPI), a raíz de una alerta de Interpol. La orden de arresto emitida por la CPI lo acusaba de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluyendo asesinatos, violaciones y torturas cometidos en el centro de detención Mitiga en Trípoli, donde Najim había ejercido una cruel autoridad desde 2015.

Un testigo clave, Lam Magok, un migrante de Sudán del Sur que estuvo detenido en el centro de Mitaga, ha relatado públicamente los horrores sufridos. En una rueda de prensa en el Parlamento italiano, Magok describió cómo Najim y sus guardias golpeaban sistemáticamente a los migrantes, llegando al extremo de obligarlos a retirar cadáveres. “Fue algo que nunca olvidaré”, declaró, “es impensable que a uno le obliguen a hacer esto”.

La detención inicial parecía un paso importante hacia la justicia. Sin embargo, lo que siguió fue una serie de acontecimientos que han generado una tormenta política en Italia.

Apenas dos días después de su arresto, el 21 de enero, Almasri fue puesto en libertad y deportado de vuelta a Libia en un avión de las fuerzas aéreas italianas. El gobierno italiano argumentó que un tribunal de apelación había ordenado su liberación debido a “tecnicismos” legales y por considerarlo un peligro para la seguridad italiana. Sin embargo, la rapidez y las circunstancias de su liberación han levantado sospechas.

El ministro de Justicia, Carlo Nordio, defendió la razones del gobierno en una comparecencia ante el Parlamento este miércoles, en la que argumentó que la orden de detención de la CPI contenía “inexactitudes, omisiones, discrepancias y conclusiones contradictorias”. Específicamente, señaló discrepancias en las fechas de los crímenes atribuidos a Almasri: algunos documentos los fechaban en febrero de 2011, otros en febrero de 2015.

El caso ha pasado rápidamente de ser un posible avance en la justicia internacional a un atolladero político que ha puesto a Giorgia Meloni en una posición incómoda. La primera ministra, conocida por su línea dura en política migratoria, se ha visto envuelta en una investigación por su papel en la liberación de Almasri. Ella y dos de sus ministros más importantes están siendo investigados por posible “complicidad” y “malversación de fondos”.

Meloni ha respondido atacando lo que denomina “magistrados politizados”, sugiriendo que la investigación tiene motivaciones políticas. “No puedo ser chantajeada, no seré intimidada”, declaró en un video de Facebook, revelando la notificación de investigación.

La primera ministra también ha cuestionado el momento de la detención por la CPI, señalando que Almasri había viajado por varios países europeos antes de su detención en Italia.

Un tribunal especial está evaluando la denuncia contra Meloni y sus ministros. Sin embargo, será necesaria la aprobación parlamentaria para proceder a cualquier investigación formal.

Mientras tanto, la oposición ha sido implacable. Elly Schlein, líder del opositor Partido Democrático, ha acusado a Meloni de “hacerse la víctima” y ha exigido explicaciones en el Parlamento. “¿Qué clase de país queremos ser?”, preguntó hoy durante un debate parlamentario sobre el asunto. “¿Del lado de los torturados o del lado de los torturadores?”.

El caso expone las contradicciones del controversial acuerdo migratorio entre Italia y Libia, una ex colonia italiana, renovado bajo el gobierno de Meloni.

Almasri, como jefe de la policía judicial libia, era una figura clave dentro del sistema de detención que Italia ha ayudado a financiar y formar a través de un acuerdo con Libia, renovado en los últimos años bajo el gobierno derechista. Este acuerdo de cooperación, firmado en 2017, tiene como objetivo principal frenar la migración irregular desde Libia a Italia, mediante la colaboración con la guardia costera libia para interceptar a los migrantes que cruzan el mar Mediterráneo. Sin embargo, la realidad es que muchos de estos migrantes son devueltos a Libia, donde enfrentan torturas y condiciones inhumanas en centros de detención.

Grupos de derechos humanos expresaron su indignación después de que Italia liberara a Almasri. El enojo de la CPI, con sede en La Haya, también parecía evidente. En un comunicado, la CPI recordó a Italia que está obligada a “cooperar plenamente” con sus procesos judiciales.

Mientras el debate político continúa, las víctimas de los abusos en los centros de detención libios han alzado su voz. Lam Magok, la víctima que ha denunciado públicamente los abusos, presentó una denuncia el 3 de febrero acusando al gobierno italiano de complicidad.

“El gobierno italiano me ha convertido en víctima dos veces”, declaró Magok, quien exige justicia para todas las personas que sufrieron bajo el mando de Almasri.