Internaciones forzosas y abuso psiquiátrico: la silenciosa represión contra disidentes en China y Cuba

Según una investigación de la BBC, al menos 59 personas han sido ingresadas en hospitales psiquiátricos en China tras expresar opiniones contrarias al régimen o participar en protestas. Algunos han recibido tratamientos antipsicóticos sin su consentimiento, e incluso terapia electroconvulsiva (ECT).

El propio régimen chino en 2013 aprobó la Ley de Salud Mental para evitar abusos. Esta legislación establece que la hospitalización psiquiátrica debe ser voluntaria, excepto cuando el paciente represente un peligro para sí mismo o para los demás. Sin embargo, abogados y activistas han señalado un repunte de casos recientes en los que esta normativa no se respeta.

En 2022, Zhang Junjie, entonces estudiante universitario de 17 años, protestó contra las estrictas políticas de confinamiento impuestas en China debido a la pandemia. Minutos después, fue identificado por sus profesores y, al día siguiente, en su 18º cumpleaños, dos hombres lo trasladaron a lo que supuestamente era un centro de pruebas de Covid-19. En realidad, se trataba de un hospital psiquiátrico.

“Los médicos me dijeron que tenía una enfermedad mental grave… Luego me ataron a una cama”, relató a la BBC World Service. “Me dijeron que por mis opiniones sobre el Partido y el gobierno, debía estar mentalmente enfermo”.

Permaneció ingresado durante 12 días. Afirma que fue golpeado por el personal médico y obligado a tomar medicación. Zhang cree que su padre, quien trabajaba para el gobierno local, se vio presionado a entregarlo a las autoridades.

Un mes después de su liberación, volvió a ser arrestado tras publicar un video en el que encendía fuegos artificiales en Año Nuevo, incumpliendo una prohibición oficial. Fue acusado de “provocar peleas y crear problemas”, un cargo comúnmente utilizado contra críticos del gobierno. La consecuencia fue una segunda hospitalización, esta vez por más de dos meses.

Tras su alta, se le recetó Aripiprazol, un medicamento para tratar esquizofrenia y trastorno bipolar. Zhang asegura que la medicación lo hacía sentir que su “cerebro era un desastre” y que la policía lo visitaba en su casa para asegurarse de que la tomara. Temiendo un nuevo ingreso, decidió huir del país y se trasladó a Nueva Zelanda, sin despedirse de su familia ni amigos.

El caso de Zhang no es único. Jie Lijian, un activista que en 2018 participó en una protesta para exigir mejores salarios en una fábrica, también fue detenido y enviado a un hospital psiquiátrico. Según su testimonio, recibió electroshock en contra de su voluntad.

“El dolor iba de la cabeza a los pies. Mi cuerpo no era mío”, contó. “Encendían la electricidad, la apagaban. Encendían la electricidad, la apagaban. Me desmayé varias veces”.

Jie fue dado de alta después de 52 días. Actualmente, vive en Los Ángeles y ha solicitado asilo en Estados Unidos.

En otro caso, Song Zaimin, un activista prodemocracia, fue hospitalizado por quinta vez en 2024. Su historial médico indica que fue ingresado por “hablar de manera incoherente y criticar al Partido Comunista”.

La conexión entre opiniones políticas y diagnósticos psiquiátricos queda reflejada en documentos obtenidos por el medio británico, en los que se señala que Song fue ingresado involuntariamente por orden de la policía y el comité de residentes de su localidad.

El psiquiatra Thomas G. Schulze, presidente electo de la Asociación Mundial de Psiquiatría, revisó los registros y concluyó: “Nadie debería ser ingresado y tratado en contra de su voluntad por lo que se describe aquí. Esto huele a abuso político“.

Según el South China Morning Post, Li Yixue, una influencer con más de 800.000 seguidores en Douyin (versión china de TikTok), fue internada nuevamente en un hospital psiquiátrico tras denunciar a un policía por agresión sexual en 2022.

Después de su liberación inicial, Li demandó al hospital y logró que el caso fuera escuchado en tribunales. Sin embargo, en diciembre de 2024, denunció en sus redes sociales que la policía había irrumpido en su hogar con “una docena de personas” y la volvió a internar. Actualmente, se encuentra bajo vigilancia en un hotel.

Juristas chinos han condenado la actuación de las autoridades. Un grupo de expertos citados por el South China Morning Post calificó la medida como “abuso de poder”.

Para comprender el papel de los hospitales, la BBC contactó de manera encubierta a cuatro médicos de instituciones vinculadas con hospitalizaciones forzosas. Plantearon un caso ficticio de un familiar internado tras publicar comentarios contra el régimen chino.

Cuatro de los cinco médicos consultados admitieron haber recibido pacientes enviados por la policía. Uno de ellos dijo que en psiquiatría existe un tipo de ingreso llamado “alborotadores”. Otro, del hospital donde estuvo Zhang, confirmó que la policía mantiene vigilancia sobre los pacientes después de su alta.

“La policía verificará en tu casa que tomes la medicación. Si no la tomas, podrías volver a infringir la ley”, explicó.

112 personas han intentado demandar a la policía, gobiernos locales u hospitales en tribunales chinos entre 2013 y 2024. De ellas, el 40% había presentado quejas contra las autoridades antes de ser hospitalizadas. Solo dos ganaron sus casos.

Un ejemplo es un hombre al que el medio identifica con el alias “Sr Li”, quien en 2023 fue internado tras protestar contra la policía local. Aunque los médicos iniciales dijeron que no estaba enfermo, la policía solicitó una evaluación externa que le diagnosticó trastorno bipolar.

El Sr. Li estuvo hospitalizado 45 días y, al salir, intentó impugnar el diagnóstico en tribunales. Su apelación fue rechazada.

“Si no demando a la policía, es como aceptar que estoy mentalmente enfermo”, declaró. “Esto afectará mi futuro y mi libertad porque la policía podrá usarlo para encerrarme en cualquier momento”.

Desde la aprobación de la Ley de Salud Mental en 2013, el control psiquiátrico sobre disidentes ha sido documentado por activistas y medios internacionales. Sin embargo, este abuso ha vuelto a resurgir.

Organizaciones como Human Rights Watch han advertido que, bajo el liderazgo de Xi Jinping, la represión se ha profundizado. Mientras tanto, las víctimas enfrentan dificultades para obtener justicia, y en muchos casos optan por el exilio para evitar una nueva hospitalización.

El régimen cubano ha empleado abusos psiquiátricos contra disidentes políticos desde la década de 1960, según investigaciones como The Politics of Psychiatry in Revolutionary Cuba (1991) del Dr. Carmelo Mesa-Lago y un estudio del Directorio Democrático Cubano en 2008. Diversos testimonios documentan casos de opositores internados en hospitales psiquiátricos y sometidos a electroshocks y drogas psicotrópicas.

Uno de los casos más documentados es el de Eugenio de Sosa Chabau, abogado y ex director de un importante periódico cubano, quien en 1967 fue internado en la sala Carbó Serbiá del hospital psiquiátrico de La Habana, conocido como Mazorra. De Sosa, amigo personal del ex presidente estadounidense John F. Kennedy, sufrió sesiones repetidas de electroshocks, aplicados tanto en la cabeza como en los testículos. Según su testimonio, el dolor era insoportable y con frecuencia perdía el conocimiento, tras lo cual le arrojaban cubos de agua para despertarlo y continuar el procedimiento. Permaneció en Mazorra durante cinco meses.

Otro caso es el de Roberto Bahamonte Basot, ingeniero que intentó postularse a la Asamblea del Poder Popular, aunque la legislación cubana impide la participación de opositores en el proceso electoral. Bahamonte fue internado en Mazorra, donde pasó 40 días sometido a electroshocks y medicación forzada con drogas psicotrópicas.

Asimismo, se reportó el caso de Leandro Hidalgo Pupo, un joven aficionado que asistía a un campeonato mundial de boxeo en la Ciudad Deportiva de La Habana cuando gritó “¡Abajo el comunismo!”. Fue trasladado a Mazorra y sometido a tratamientos psiquiátricos.

En 2018, Daniel Llorente, un taxista, irrumpió en el desfile del Día de los Trabajadores con una bandera de Estados Unidos mientras gritaba “Libertad para todos”. La policía lo arrestó, lo golpeó y posteriormente lo internó en Mazorra por casi un año, donde denunció haber sido víctima de abusos psiquiátricos.

Las denuncias sobre el uso de la psiquiatría con fines represivos en Cuba han sido expuestas por organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre la sistematicidad de estos métodos para silenciar la disidencia política.