Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de un millón de niños trabajan en minas y canteras a nivel mundial, siendo África una de las regiones más afectadas. En países como Nigeria, donde la abundancia de recursos minerales contrasta con la pobreza, el acceso limitado a la educación y la falta de regulación, la creciente demanda de litio ha abierto una nueva frontera minera que exacerba esta problemática.
Los niños mineros suelen estar expuestos a condiciones inseguras, cargando pesados minerales, triturando rocas o respirando polvo tóxico que les provoca enfermedades respiratorias como asma.
El estado de Nasarawa, un paisaje repleto de pozos mineros, tanto activos como abandonados, es el escenario donde niños trabajan clasificando y triturando litio, mineral clave para las baterías de dispositivos tecnológicos y vehículos eléctricos, esenciales en la transición hacia energías limpias.
Según la agencia de noticias AP, la niña Juliet Samaniya, de apenas 6 años, pasa sus días golpeando una roca escarpada con una herramienta rudimentaria, mientras el polvo cubre su cabello y manos. Su jornada, que comienza por la mañana y se extiende hasta el atardecer, le genera menos de un dólar diario.
Su madre, Abigail Samaniya, admite que Juliet debería estar asistiendo a la escuela, pero las duras condiciones económicas de la familia la obligan a trabajar en la mina. “Es la única opción”, declaró.
Aunque Nigeria cuenta con leyes que prohíben el trabajo infantil y garantizan la educación básica gratuita, en la práctica estas normativas se enfrentan a desafíos como la corrupción, la precariedad económica y la existencia de minas clandestinas en áreas remotas.
La cadena de explotación: de Pasali a las empresas chinas
Gran parte del litio extraído en Pasali termina en manos de empresas chinas, que dominan la industria minera en Nigeria. Durante una visita reciente al área, periodistas de AP observaron cómo empresas como RSIN Nigeria Limited, de propiedad china, compraban litio sin cuestionar su origen o las condiciones laborales de los trabajadores.
La embajada china en Nigeria aseguró en una declaración que las compañías de su país “operan en línea con las leyes y regulaciones locales”, aunque múltiples investigaciones han señalado su implicación en minería ilegal y explotación laboral en África.
Los métodos de extracción en estas minas son peligrosos y rudimentarios. Según Shedrack Bala, un joven minero que comenzó a trabajar en Pasali a los 15 años y ahora posee su propio pozo, los trabajadores utilizan martillos, cinceles e incluso dinamita para acceder al mineral. Las explosiones pueden causar accidentes fatales, y los túneles mal excavados suelen colapsar.
En el fondo de estos pozos, trabajadores como Bashir Rabiu, de 19 años, extraen mineral bruto que luego entregan a niños menores de 10 años. Los menores, armados con herramientas rudimentarias, clasifican y embolsan el litio para su posterior venta.
Según Bala, un equipo de seis niños puede procesar hasta 10 bolsas de 25 kilos en un día, por lo que reciben 4.000 nairas (unos 2,42 dólares) que se reparten entre ellos.
A pesar de las promesas de reformas por parte del gobierno nigeriano, como el programa de “alguaciles mineros” anunciado este año para combatir la minería ilegal, la implementación efectiva sigue siendo incierta.
Aliyu Ibrahim, comerciante de litio en Nasarawa, admitió que paga sobornos para evitar sanciones y que vende minerales directamente a empresas chinas. “Es peligroso, pero el trabajo les ayuda a sobrevivir, mientras que el gobierno ha abandonado a los pobres”, afirmó.
La educación, un lujo inalcanzable
Aunque la educación básica se supone gratuita en Nigeria, las tasas ocultas la hacen inaccesible para muchas familias. En Pasali, la escuela primaria local ha perdido casi todos sus alumnos.
Según su director, Sule Dantini, de los 300 estudiantes que solía tener, solo quedan tres. Abigail Samaniya explicó que su familia no podía permitirse pagar la cuota trimestral de 5.000 nairas (unos 3 dólares) por cada hijo, priorizando la educación de su hijo mayor.
“La educación debería ser un derecho, pero para estas familias es un lujo”, señaló Juliane Kippenberg, directora asociada de derechos del niño en Human Rights Watch.
Con la creciente demanda de litio, organizaciones y activistas han hecho un llamado para que las empresas globales adopten prácticas responsables y aseguren que los derechos humanos sean respetados en toda la cadena de suministro.
Sin embargo, en Pasali, la realidad sigue siendo sombría. Abigail sueña con que su hija, Juliet, tenga un futuro diferente: “Sigo queriendo que vaya a la escuela, que tenga una vida mejor, que trabaje en una oficina, no en una mina para siempre”.
(Con información de AP)
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