El año arrancó con diversos anuncios en materia legislativa, donde la protección y ejercicio de los derechos humanos promete permear a niñas, niños, adolescentes y madres, esto porque de manera simultánea, las bancadas de Morena y PAN, las dos más numerosas en el Congreso, presentaron iniciativas en ese sentido.
Primero, Laura Imelda Pérez, diputada federal por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), promovió una iniciativa que busca garantizar la salud mental materna. Para materializar este propósito, planteó modificar el Artículo 73 de la Ley General de Salud (LGS).
“Con la presente iniciativa se busca que la Secretaría de Salud implemente programas y acciones en materia de salud mental materna que beneficien la prevención, detección y atención oportuna de problemas de salud mental en mujeres durante el embarazo, parto y postparto”
Dicha iniciativa pretende capacitar, tanto a la madre como a la familia, para atravesar este periodo de la manera más digna posible. Al respecto, recordó que durante la pandemia, la salud mental materna fue una de las principales preocupaciones a nivel internacional.
En su exposición de motivos, Pérez Segura señaló que, cuando se atraviesa un embarazo, se enfrentan dificultades psicológicas y emocionales, por lo que el Estado debe de promover mecanismos que adviertan esto y lo atiendan con la perspectiva correcta. Además, garantizar el bienestar psico-emocional de la madre, coadyuva al sano desarrollo del bebé.
Por su cuenta, Mariana Gómez del Campo, del Partido Acción Nacional (PAN), propuso crear la Alerta de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, con un enfoque preventivo y la implementación de mecanismos de respuesta inmediata para la atención, sanción y erradicación de la violencia infantil.
A efectos de que se cumpla este propósito, la panista propuso que a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se le adicionen los artículos 145 Bis, 145 Ter, 145 Quáter, 145 Quinquies, 145 Sexies y 145 Septies.
Dicha alerta la definió como “el conjunto de acciones gubernamentales coordinadas, integrales, de emergencia y temporales, realizadas entre las diversas autoridades para establecer medidas que articulen la identificación, detección, atención, prevención y reducción de los principales factores de violencia contra niñas, niños y adolescentes, para garantizar una respuesta rápida y eficaz de las diferentes autoridades del Estado”.
Por lo que se espera, en caso de ser aprobada, se creen los mecanismos necesarios para que las autoridades de los tres niveles de gobierno para que se garantice la vida, la integridad, la libertad, la seguridad y el acceso a la justicia para las niñas, niños y adolescentes.
Gómez del Campo señaló que la alerta se emitirá cuando exista un contexto de violencia contra menores, caracterizado por el incremento persistente de hechos o delitos que involucren violaciones a sus derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad en un territorio. Además, tendrá tres facetas: prevención, atención y sanción.
Ésta también aplicará cuando existan omisiones documentales y reiteradas por parte de las autoridades gubernamentales del cumplimiento de sus objetivos en materia de prevención, atención, sanción y acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes.
Su trámite se podrá iniciar a solicitud de organismos públicos autónomos o internacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil o grupos de familiares de víctimas, y la autoridad que revisará el caso será el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), quien actuará conforme a lo legislado tomando en cuenta como el bien principal preservar la integridad de la víctima.
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