La ola de violencia que se generó en 2021 bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ocasionó más de 35 mil homicidios dolosos y en mayo de este año se superaron los 100 mil desaparecidos. Esto ha provocado, a su vez, que miles de personas tengan que abandonar su lugar de residencia para evitar ser víctimas de estos y más delitos.
A lo anterior se le conoce como “Desplazamientos Internos” y se refiere a aquellos individuos, familias o multitudes que, debido a situaciones de violencia generalizada, conflictos armados, inseguridad, violaciones de los derechos humanos, persecusiones o incluso desastres naturales se ven forzadas a dejar sus territorios en busca de salvalguardar su integridad.
En México son diversas las razones por las cuales suceden estos desplazamientos: narcotráfico, conflictos armados, crimen organizado, extorsiones y secuestros, por mencionar algunos factores; en suma, por actos violentos, lo cual impacta a diferentes sectores de la población, aunque, como se verá más adelante, ocurren de manera particular en ciertos estados de la República.
A pesar de que en el país el desplazamiento forzado interno se ha registrado desde décadas atrás, no fue sino hasta el 2019 que el Gobierno Federal lo reconoció como un problema público, con el fin de diseñar e implementar estrategias a nivel nacional para frenar esta problemática.
Bajo ese tenor, la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados, ACNUR, presentó su informe Desplazamiento Interno en México junio 2022 con el fin de “visibilizar el contexto actual en México” y mostrar las cifras de 2021. Si bien no hay números oficiales al respecto, ciertas organizaciones de la sociedad civil han recolectado información y la han sistematizado para brindar una aproximación sobre la dimensión y el impacto de este fenómeno.
Una de ellas es la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la cual desde 2014 ha monitoreado medios de comunicación para registrar casos de desplazamiento forzado interno derivado de la violencia en México, con lo que se pueden obtener cifras de manera periódica y así brindar un panorama general acerca de esta problemática.
Las cifras presentadas a continuación consideran únicamente los desplazamientos que involucran a al menos 5 familias o 20 personas de manera colectiva, por lo que no se contemplan los desplazamientos individuales o aquellos causados por desastres naturales u otras circunstancias.
Desplazamientos internos forzados en México 2021
De acuerdo con el registro de la CMDPDH, en 2021 hubo cerca de 28 mil 867 nuevos desplazamientos masivos por situaciones de violencia en el país, lo que representó un incremento significativo respecto a los años anteriores. En 2019 fueron alrededor de 8 mil 664 y en 2020 se contabilizaron 9 mil 714.
Lo anterior significa que entre enero y diciembre de 2021, los desplazamientos internos forzados se triplicaron en comparación con 2020. El factor principal, según la Comisión, es la violencia generada por grupos del crimen organizado.
Son ocho estados los que concentraron el mayor número de casos por este fenómeno: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas, Zacatecas y Jalisco. En estas entidades han ocurrido episodios de violencia perpetrados por integrantes de grupos delictivos.
De enero a junio de 2021, se registraron cerca de 3,387 personas que se vieron obligadas a desplazarse internamente, en 12 eventos diferentes ocurridos en seis estados, según la CMDPDH:
-Jalisco, con dos municipios afectados (Quitupan y Teocaltiche) y mil 094 personas desplazadas.
-Michoacán, con dos municipios afectados (Cotija y Aguililla) y 880 personas desplazadas.
-Guerrero, con dos municipios afectados (General Heliodoro Castillo y Coyuca de Catalán) y mil 239 personas desplazadas.
-Oaxaca, con un municipio afectado (Tezoatlán de Segura y Luna) y 27 personas desplazadas.
-Chiapas, con tres municipios afectados (Aldama, Pantelhó y Venustiano Carranza) y 533 personas desplazadas.
-Tamaulipas, con un municipio afectado (Mier) y 100 personas desplazadas.
En algunos casos se trata de amenazas directas a defensores de derechos humanos, activistas o periodistas, mientras que otros tantos fue por los enfrentamientos entre células del crimen organizado. Según la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, al 27 de enero de 2020 se encontraban 22 periodistas o familias de periodistas desplazados internamente: 16 hombres y seis mujeres.
Para el segundo semestre del año, se repitieron los mismos estados, a excepción de Tamaulipas y Jalisco, los cuales fueron reemplazados por Zacatecas y Chihuahua. Es así que de julio a diciembre de 2021, las cifras se duplicaron casis seis veces, con 19 mil 716 personas desplazadas, según el registro de la CMDPDH.
Michoacán fue la entidad más afectada debido a la presencia del crimen organizado, pues en 27 municipios se registraron casos de personas desplazadas, particularmente en la región de “Tierra Caliente”, con un total de 9 mil 059, debido a la presencia del crimen organizado.
En segundo lugar se ubicó Chiapas, con 5 municipios afectados y 6 mil 585 personas desplazadas, seguido de Zacatecas, con 4 municipios afectados y 2 mil 505 personas desplazadas.
La cuarta y quinta posición la ocuparon Chihuahua y Oaxaca, con mil 022 y 390 personas desplazadas, respectivamente. En el último lugar estuvo Guerrero, con dos municipios afectados y 155 personas desplazadas.
En agosto de 2021, el coordinador del Centro de Atención Integral para Migrantes (CAIM), Luis Dirvin García, señaló que en los 22 refugios ubicados en Ciudad Juárez, Chihuahua, de las dos mil 520 personas que llegaron estos espacios, el 70% eran mexicanos desplazados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Zacatecas, los cuales abandonaron sus lugares de origen debido a la violencia.
En los primeros tres años del gobierno de AMLO, (de 2019 a 2021) se contabilizaron 46 mil 705 personas desplazadas internamente. Según datos de la CMDPDH, desde 2006 hasta diciembre del año pasado, el número total de desplazamientos internos superaba los 379 mil.
A lo largo de 12 meses, el número de personas refugiadas a nivel mundial aumentó de 20,7 millones en 2020 a 21,3 millones a finales de 2021, según el recuento de la ACNUR.
Entre las recomendaciones emitidas por las organizaciones civiles destaca el acceso a derechos humanos, como la educación, la seguridad, la asistencia y la procuración de justicia, aspectos que en México se encuentran rezagados debido al nivel de impunidad que impera en el país.
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