La ONG Artículo 19 calificó de desproporcionada la denuncia en contra del influencer Chumel Torres por parte de la senadora Bertha Caraveo.
Desde que la senadora por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) denunció al influencer por violencia política de género, cientos de internautas de personas han condenado el proceder de la chihuahueña.
Esto debido a que se alega que detrás de la demanda en realidad solo hay un intento de censura hacia el polémico Chumel, quien se expresó de forma soez de la senadora en una de las emisiones de su programa El Pulso de la República del 17 de febrero del 2022.
Tras la ola de críticas, a esta se suma el comunicado de Artículo 19, asociación que vela por la libertad de expresión y la justicia hacia los periodistas.
Entre los puntos destacan que los insultos no bastan para asegurar que se trate de un caso de violencia de género político.
Por este motivo la ONG emitió un posicionamiento respecto a la apertura de una carpeta de investigación contra Chumel Torres por el delito de “apología del delito o de algún vicio”.
Señalaron que el Marco Interamericano sobre Libertad de Expresión establece que es de particular importancia “la regla según la cual la libertad de expresión debe garantizarse no sólo en cuanto a la difusión de ideas e informaciones (...) consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban”.
Además debe haber una especial protección en cuanto a discursos que versan de asuntos de interés público y cuando se trate de personas funcionarias públicas en ejercicio de sus funciones.
En relación a esto, indicaron que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) argumenta que las expresiones “críticas, severas, provocativas, chocantes, que puedan llegar a ser indecentes, escandalosas, perturbadoras, inquietantes o causar algún tipo de molestia, disgusto u ofensa” no deben ser consideradas como un comportamiento abusivo”.
Y como las figuras públicas suelen ser más propensos a ataques constantes debido al puesto que ejercen, deben ampliar su umbral de tolerancia.
En cuanto a la violencia de género, señalaron que ante este tipo de conductas, deben ser tratadas de una manera menos lesiva, sin embargo, recalcaron que no deben utilizarse estas “figuras para silenciar voces”, ya que el reconocimiento de figuras de violencia política por razón de género y violencia contra las mujeres ha sido un logro de colectivas y sociedad civil.
Entre esas voces, “aquellas que puedan ser oprobiosas, molestas, incómodas y lamentables, es una forma de inhibir la libertad de expresión, sobre todo cuando son abusadas por parte de personas funcionarias públicas”.
Por lo que ocasiones en la que haya violencia política por razones de género, se debe tener un análisis pormenorizado para que este no sea utilizado para acallar voces disidentes, pues “provocará un efecto inhibidor en la expresión”.
“Si las personas tienen miedo a expresarse sobre quienes les gobiernan se merma la participación en el espacio público.”
Por este motivo, calificaron a la denuncia de la senadora Caraveo como una medida desproporcionada, ineficaz y contraria a los estándares internacionales de los derechos humanos.
También llamaron a la Fiscalía General de la República (FGR) a desistir de la persecución penal de la expresión pues señalaron que la vía penal debía ser la última medida para resolver conflictos derivados del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, esto para evitar cualquier tipo de controversia.
No obstante, reconocieron que se debe visibilizar la presencia de discursos machistas en diversos espacios, por lo que el estado debía encontrar otras estrategias para erradicar la propagación de discursos machistas de forma menos lesiva.
Por lo que invitaron a Chumel Torres y a otras personas comunicadoras a sensibilizarse y capacitarse para “contribuir como personas ciudadanas a mejorar las condiciones de igualdad de grupos y poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad”.
De igual modo se posicionaron para que el gobierno promueva estrategias integrales para la igualdad “sin que ello afecte el ejercicio del derecho a la libertad de expresión ni a la democracia”.
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