Nelson Toledo, hermano del ex diputado federal y ex jefe delegacional de Coyoacán Mauricio Toledo, fue vinculado a proceso acusado por su presunta participación en el delito de enriquecimiento ilícito. El acusado aumentó su patrimonio sin poder justificarlo mientras desempeñó su cargo como servidor público entre 2013 y 2018.
El juez de control le mantuvo medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria. “La FGJCDMX reitera su compromiso en contra de la corrupción y la impunidad, por lo que será implacable para buscar sanciones en contra de aquellas o aquellos servidores o ex servidores públicos que hayan incurrido en cualquier conducta ilícita”, aclaró la Fiscalía.
La Fiscalía informó por medio de un comunicado que durante su gestión como servidor público su patrimonio comenzó a incrementar a través de la adquisición de bienes inmuebles, vehículos, así como el incremento de sus cuentas bancarias, sin que existiera relación entre los bienes adquiridos y el sueldo que percibía.
Personal ministerial y de investigación de la Fiscalía de la CDMX cumplimentó una orden de cateo en una finca localizada en el pueblo de San Miguel Xicalco, alcaldía Tlalpan; posiblemente relacionado con los hermanos Nelson y Mauricio Toledo, éste último exdiputado federal se encuentra en proceso de extradición a nuestro país.
La Fiscalía mencionó en Twitter que: “A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en el CNPP”.
Se trata de una finca de tres recámaras, comedor, sala de estar, sótano, sala de juegos, caballeriza, cuarto de servicios y de lavado, varios baños, sauna, cancha de juegos de basquetbol y fútbol y un salón de fiestas.
La carpeta de investigación contra Mauricio Toledo fue abierta por la fiscalía de la Ciudad de México el 4 de septiembre de 2020, acreditando la posesión de valores superiores a lo que recibía de por su cargo de servidor público, con lo que se aseguró que el exlegislador tuvo un incremento injustificado.
Actualmente el Gobierno Mexicano está en espera de la extradición del exdiputado desde Chile, donde huyó antes de perder la protección constitucional con la que se obtuvo la orden de aprehensión. Hace unos días denunció que existe una persecución política en contra de su familia, lo que viola el proceso legal y los derechos de su hermano.
La Fiscalía hizo un énfasis en negar que existe una persecución política de su parte, pues el proceso en su contra continúa sin una distinción de su ideología partidaria.
En su Twitter publicó: “Es una flagrante violación a la justicia, el Gobierno de la Ciudad de México extiende como lo denuncié, la percusión política hacia los miembros de mi familia, violentando el proceso legal y los derechos humanos de mi hermano. El encono personal no tiene límites. Exhorto a las autoridades judiciales apegarse a derecho para que prevalezca la justicia no la venganza, el estado de derecho está en riesgo”.
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