El exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México (CDMX) por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa; seguirá más tiempo tras las rejas, luego de que un juez federal aplazó por tres meses la audiencia donde la Fiscalía General de la República (FGR) presentaría los datos de prueba contra el exlegislador.
De acuerdo con Milenio, funcionarios judiciales indicaron que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, otorgó el plazo para que la defensa y los fiscales continúen recabando los datos que presentarán en la audiencia intermedia, para que el juez defina cuáles podrán ser utilizados en un eventual juicio.
El ex senador permanece preso desde el pasado 13 de abril, cuando el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia lo vinculó a proceso y decretó prisión preventiva justificada.
Lavalle Maury, originario de Campeche, fue imputado por la FGR por presuntamente recibir dinero para aprobar la Reforma Energética del expresidente Enrique Peña Nieto, dinero que supuestamente formaba parte de los sobornos realizados por la constructora brasileña Odebrecht.
La denuncia contra Lavalle Maury fue presentada por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien actualmente enfrenta dos procesos, uno por el caso Agronitrogenados y el otro por Odebrecht.
Aunque el exsenador ofreció como datos de prueba a su favor los testimonios de Rodrigo Arteaga Santoyo y Francisco Olascoaga Rodríguez, ex colaboradores cercanos de Emilio Lozoya, quienes negaron haber recibido y entregado dinero, el juez consideró que no tenían el mismo valor que los datos recabados por la FGR.
Además, Lavalle Maury ha intentado enfrentar su proceso en libertad debido a que los delitos que se le imputan no ameritan prisión preventiva oficiosa. Incluso, promovió un amparo, pero un juez en esa materia lo rechazó.
Versiones periodísticas señalan que la victoria de la FGR en este caso está asegurada debido a que la defensa del exlegislador panista cometió diversos errores que lo mantienen preso.
Uno de ellos es que el abogado defensor de Lavalle Maury es ata de José Joaquín Zapata Altamirano, quien ha sido o es “asesor jurídico” de Willi Arthur Gerhard Henze, propietario de la empresa Zecapan S.A, justo una de las dos compañías señaladas por Luis Alberto Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, de haber recibido los seis millones de dólares que habría pedido el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para la campaña del PRI. La otra fue Latin América Asia Capital Holding LTD, vinculada con Lozoya y sus familiares.
Otro de los errores e la defensa fue argumentar que el video en el que se observa a colaboradores de Jorge Luis Lavalle y Francisco Domínguez —aún gobernador de Querétaro— fue una prueba obtenida mediante la intervención de comunicaciones privadas o espionaje. Sin embargo, el argumento es inválido toda vez que la grabación fue ofrecida por el propio Lozoya, y realizada directamente por sus colaboradores de Pemex.
Hace más de una semana, Emilio Lozoya solicitó una prórroga de 30 días para comparecer en los casos por los que fue vinculado a proceso, ya que busca obtener información bancaria de Alemania y Suiza para su defensa.
Sin embargo, el pasado 18 de julio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó una sexta denuncia en contra de Lozoya Austin, así como contra otras 11 personas físicas y 33 morales, por los delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos realizados presuntamente mientras Lozoya era director de la dependencia petrolera.
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