Senado aprobó en comisiones la reforma petrolera de AMLO; oposición aseguró que es “inconstitucional”

El Senado mexicano aprobó este lunes en comisiones la polémica reforma petrolera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a pesar de los fuertes cuestionamientos de la oposición, expertos y empresas del sector por la posibilidad que tendrán las autoridades para suspender permisos a los permisionarios por cuestiones de seguridad nacional, algo que fue percibido como una posible “expropiación”.

En reunión a distancia, las comisiones unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron, en lo general, la minuta que reforma diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos. La mayoría de los integrantes de estas comisiones acordaron que la discusión de las reservas al dictamen se lleve a cabo en la sesión del Pleno.

El proyecto de decreto, enviado por la Cámara de Diputados y que deriva de una iniciativa del Ejecutivo Federal, busca “garantizar la soberanía y seguridad energética de México, así como desincentivar diversas prácticas relacionadas con el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos” llamadas coloquialmente “huachicoleo”.

Además, pretende reordenar diversas actividades económicas en el sector energético, con el fin de combatir la corrupción, garantizar el abasto, así como proteger la economía nacional y los ingresos que percibe el Estado.

Para ello, propone facultar a la Secretaria de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para revocar permisos, cuando los titulares de éstos cometan el delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

Sugiere que la Sener y la CRE puedan suspender los permisos expedidos a permisionarios, cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, energética o para la economía nacional.

De la misma manera, dota de seguridad jurídica al permisionario, pues le permite solicitar la terminación de la suspensión, cuando demuestre que las causas que la ocasionaron ya fueron subsanadas y que no se hayan originado ilícitos penales o infracciones administrativas.

Esta parte de la reforma petrolera de López Obrador es la que ha causado mayor polémica en las últimas semanas. De acuerdo con los expertos, la oposición y las compañías del sector, se trata de una forma de “expropiación” del gobierno mexicano, ya que le permitiría a las autoridades asumir el control de sus inmuebles.

Otro de los objetivos de la reforma es evitar que los consumidores reciban una cantidad de combustible inferior a la que pagaron, pues establece la revocación de permisos de operación para los concesionarios que reincidan en el incumplimiento de las disposiciones relacionadas a la cantidad, calidad y medición de hidrocarburos y petrolíferos.

Plantea que se aplicará la misma sanción a aquellos permisionarios que modifiquen las condiciones técnicas de sistemas, ductos, instalaciones o equipos, sin la autorización correspondiente. También elimina la posibilidad de que el Estado contrate a terceros con capacidad técnica, para operar el manejo y control de las instalaciones ocupadas, intervenidas o suspendidas.

Sin embargo, a pesar de ser festejada por Morena, la oposición se mostró en contra. Por parte del opositor PAN (Partido Acción Nacional), el senador Julen Rementería aseveró que se trata de una ley “embudo”, confiscatoria y expropiatoria. “Estamos ante una iniciativa que elevará los precios de los combustibles e instaurará la discrecionalidad con las facultades metaconstitucionales que se le otorgan a la Sener”, expresó.

La senadora Claudia Ruiz Massieu, también del opositor PRI (Partido Revolucionario Institucional), señaló que la mal entendida soberanía nacional, la supuesta seguridad energética y el falso combate a la corrupción no deben ser pretexto para violentar los principios constitucionales sobre los que se funda el Estado de derecho”.

Incluso aliados de Morena, como el PT (Partido del Trabajo) y el Partido Verde cuestionaron la propuesta presidencial de reforma en el sector petrolero. La petista Nancy de la Sierra advirtió que este dictamen se encuentra viciado desde su origen, además de que su proceso legislativo ha sido opaco. Opinó que la reforma agravará la incertidumbre en el sector energético y privilegiará, de manera injustificada, a las empresas productivas del Estado.

El senador Raúl Bolaños-Cacho Cué dijo que el Partido Verde considera que esta minuta no debe aprobarse en sus términos, ya que podría afectar el proceso de competencia y libre concurrencia a lo largo de la cadena de valor de los hidrocarburos, al generar incertidumbre jurídica. Ello, agregó, podría resultar en el incremento de los bienes y servicios del mercado.

Miguel Ángel Mancera, del PRD (Partido de la Revolución Democrática), afirmó que la reforma generará una disminución en la inversión privada, ya que impone el requisito de la capacidad de almacenamiento a las empresas, aun cuando se dediquen a actividades diferentes, lo cual representa una barrera de entrada para los particulares.

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