Mario Marín, ex gobernador de Puebla por el PRI, consiguió una suspensión definitiva en contra del auto de formal prisión que le fue dictaminado por el proceso judicial que lo señala como el presunto responsable del delito de tortura en agravio a la periodista Lydia Cacho.
El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, a cargo de Ana María Nava Ortega, fue quien otorgó la procedencia al recurso implementado por la defensa del también conocido como “Gober Precioso”, el pasado jueves 11 de marzo.
Al día siguiente, la periodista criticó el desempeño de la jueza y la señaló de ser corrupta, pues favoreció a su hijo en un caso de agresión contra una mujer y la tildó de estar coludida con Roberto Borge, quien gobernó Quintana Roo para el PRI del 2011 al 2016.
A través de redes sociales, la también escritora abrió un hilo en el que aseguró que favorecerá a Mario Marín para que quede en libertad.
“Ana María Nava Ortega es la Jueza Tercero de Distrito en Quintana Roo. Conocida por su alianza de corrupción con Roberto Borge, favorece a Mario Marín en la búsqueda de un amparo para salir libre. No Más Pederastas […] Es bien conocida por sus alianzas con el ex gobernador Roberto Borge para corromper al poder judicial y defender los despojos de tierras y hoteles en Quintana Roo ahora dificulta mi acceso a mi propio expediente por tortura”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.
Araceli Andrade Tolama, abogada de Cacho Ribeiro, explicó que esta determinación jurídica no significa la liberación inmediata de Marín Torres, ya que podrían pasar de dos a tres meses para que el aparato judicial federal defina la situación legal del presunto torturador.
A principios del mes de febrero de este año, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron una orden de aprehensión girada contra el ex gobernador de Puebla. El presunto torturador fue detenido en Acapulco, Guerrero.
Al iniciar el proceso, su defensa alegó que por motivos sanitarios, Mario Marín debería de estar en arraigo domiciliario, pues la pandemia de COVID-19 ponía en riesgo la vida del acusado; sin embargo, este argumento fue desechado.
La orden de aprehensión atendió a una denuncia interpuesta por la periodista derivado de los actos cometidos en su contra en 2005. Pues, tras la publicación de un libro en el que se señalan a diversos miembros de la élite política y empresarial mexicana como los promotores de una red de trata de menores con fines sexuales, ella fue víctima de tortura por parte de unos policías.
En ese año, Lydia Cacho expuso en su libro Los Demonios del Edén que tanto Marín Torres como su ex subsecretario de Seguridad Pública, Adolfo Karam, y el empresario textilero Kamel Nacif, eran los responsables de mantener una red de pornografía y prostitución infantil con niños y niñas de entre cuatro y 14 años de edad.
Meses después, Cacho fue detenida por los delitos de difamación y calumnia. Dicho procedimiento se llevó a cabo en Quintana Roo y la llevaron a Puebla vía terrestre. La periodista contó que durante el trayecto fue torturada psicológicamente por los policías que la arrestaron, pues amenazaron con violarla. También señaló que cuando llegaron a Puebla, el trámite de su propuesta fue lento y tortuoso.
“Durante 20 horas de camino de Cancún a Puebla, los judiciales se dedicaron a amenazarme, me torturaron de diversas formas. En cuanto llegué a Puebla, otra vez me metieron a la cárcel, tenía las advertencias de que iba a ser violada”, relató respecto a su experiencia
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