Ubicado en el municipio de Guadalupe y Calvo, en la entidad federativa de Chihuahua, un tribunal de enjuiciamiento del distrito judicial Mina, dictó la sentencia de 48 años de prisión contra Feliciano “Q” por los asesinatos de Julián Carrillo Martínez, líder rarámuri y defensor del bosque, y su hijo, Víctor Carrillo Carrillo.
Los homicidios fueron perpetrados el 24 de octubre de 2018 y en febrero de 2016, respectivamente. Fueron los jueces Manuela Terrazas Solís, Lizbeth Alondra Chávez Jurado, y Felipe de Jesús Medina Granados, quienes dictaron el veredicto.
También instruyeron al inculpado que efectúe la reparación del daño a la familia de las víctimas, además de realizar, a través de un acto público, un reconocimiento a Carrillo Martínez como defensor de la comunidad rarámuri de Coloradas de la Virgen, por la violencia que han enfrentado por proteger su territorio, y defensor de los derechos humanos.
Durante el juicio contra Feliciano “Q”, el magistrado acreditó que se ejecutaron violaciones a los derechos humanos de la comunidad indígena porque el gobierno fracasó en salvaguardar a defensores como Julián Carrillo Martínez.
Alianza Sierra Madre A.C. y Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C., organizaciones civiles y de derechos humanos que ofrecen asesoría a los familiares de las víctimas y acompañan a la comunidad de Coloradas de la Virgen en la defensa del bosque, describieron la sentencia como un referente en México e histórica.
El fallo reconoce que existen violaciones a la comunidad indígena rarámuri y también ordena la reparación integral con las medidas de rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición, compensación, y restitución: califica a la localidad como una víctima de los crímenes.
Julián Carrillo Martínez laboraba como comisario de bienes comunales de Coloradas de la Virgen, localizada en el municipio de Guadalupe y Calvo. El activista denunció a pistoleros que se autoproclaman propietarios de los bosques del territorio.
El defensor fue víctima de amenazas y del asesinato de distintos miembros de su familia. Junto con otros indígenas de la comunidad, se le incorporó al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde febrero de 2014.
Distintos atentados contra su seguridad y vida fueron documentados y reportados a las autoridades. En diciembre del 2016, en una solicitud de ayuda enviada por Carrillo Martínez, señalaba que cada vez que subía al cerro estaba en riesgo cuando captaba la señal del teléfono satelital. Las medidas otorgadas para protegerlo nunca fueron modificadas.
El 20 de octubre del 2019, el activista Cruz Soto Caraveo, integrante del Colectivo de Familias Desplazadas Forzadamente de la Sierra Tarahumara, fue encontrado muerto luego de haber desaparecido desde el pasado 13 de octubre.
Soto Caraveo salió el sábado 12 de la ciudad de Chihuahua, donde estaba viviendo temporalmente, con rumbo a la localidad de Témoris, municipio de Guazapares, para acudir el domingo 13 a la alcaldía y reunirse con personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural federal.
El activista, junto con su familia y otras personas integrantes de la comunidad de Monterde, en el municipio de Guazapares, se encontraba desplazado forzadamente desde el año 2014 luego de que recibiera amenazas de muerte por parte integrantes del crimen organizado que controlan la zona y que se apoderaron de sus tierras para la siembra de drogas.
En diciembre de 2010 ocurrió el asesinato de la también activista Marisela Escobedo Ortiz, quien se manifestaba para exigir el esclarecimiento del homicidio de su hija Rubí Marisol Frayre.
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