Regulación de la marihuana en México: claves para entender qué se permite y qué no

En México, el Senado aprobó en lo general y lo particular la regulación del consumo personal lúdico de la marihuana en todo el país. Sin embargo, la discusión generó polémica, debido a lo que permite, las modificaciones que surgieron en este tema y los delitos que se mantienen al respecto.

Con la aprobación del dictamen —enviado a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo— se expide la Ley General para la Regulación del Cannabis, se creará el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, además de que se modificarán, reformarán y adicionarán varios artículos de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.

Tras esta decisión se amplió de seis hasta ocho plantas de cannabis psicoactivo por persona, las cuales deberán permanecer en la vivienda o casa habitación de quien la consume para su uso personal.

Se eliminó la exigencia a los consumidores de tener barreras físicas con las cuales se evite que otras personas no consumidoras aspiren el humo, además de la facultad que tenía el Ministerio Público para hacer revisiones domiciliarias a consumidores registrados.

Las personas podrán llevar hasta 27 gramos. A partir de 28 gramos y hasta los 200, la nueva legislación contempla sanciones económicas. Será por encima de los 200 gramos que las sanciones representen la cárcel.

Las sanciones administrativas pueden ir desde los 5,200 pesos mexicanos (unos 255 USD) hasta los casi 261,000 pesos (unos 13,000 USD), así como la clausura de asociaciones donde se permitirá el consumo de marihuana.

Se permitirá fumar marihuana en espacios públicos, áreas interiores de trabajo, públicas o privadas, en universidades e instituciones de educación superior siempre y cuando sean zonas exclusivas, las cuales deberán estar al aire libre.

En casa podrá consumirse libremente siempre y cuando no haya menores de edad. Por otra parte, se podrán crear clubes de consumo recreativo de cannabis, con un mínimo de 20 y un máximo de 50 socios, todos ellos mayores de 21 años. Incluso será posible crear cooperativas de producción de la planta para sus socios (máximo 150).

También se estableció la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, que será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud. Éste tendrá un director general que será nombrado y removido libremente por el titular de dicha dependencia.

La venta se dará únicamente en establecimientos específicos y podrá comercializarse marihuana, sus derivados y accesorios, mientras que los medicamentos con este compuesto se limitará a las farmacias.

Por otra parte, lo que no está permitido es fumar frente a menores de edad, hacerlo en escuelas privadas y públicas de educación básica y media superior, tampoco en espacios 100% libres de tabaco. La venta de cigarros sueltos de marihuana también estará prohibida, así como conducir vehículos o maquinarias peligrosas bajo los efectos del cannabis.

Si bien uno de los cambios de último momento en esta discusión estableció la liberación de personas procesadas o sentenciadas por posesión simple y la eliminación de sus antecedentes penales en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del decreto, organizaciones civiles como México Unido Contra la Delincuencia criticó al Senado, pues sus decisiones seguirán penalizando a los consumidores.

“La ley aprobada habilita un mercado que permite a las empresas producir y comercializar cannabis, pero que penaliza y vigila a quien la va a consumir. Bajo este esquema, México sería el primer país en crear una regulación para el uso adulto de la cannabis y, a la vez, continúa la prohibición”, señalaron en un comunicado.

En el documento también resaltaron que se mantiene la criminalización de las personas usuarias, pues se permite que sean perseguidas penal y administrativamente todas aquellas que posean de 28 a 200 gramos de cannabis aun cuando hayan tramitado un permiso.

“Con ello se mantienen los incentivos para que las autoridades sigan persiguiendo esta conducta, abriendo espacios de extorsión y criminalización”, puntualizaron, además de destacar que la ley continúa “penalizando a los pobres y beneficia sólo a unos cuantos al permitir que se desarrollen productos específicos que resultarán en un mercado accesible a pocas personas, en zonas exclusivas y privilegiadas”.

En específico, esta organización apuntó que la regulación es excluyente y seguirá afectando a las personas desprotegidas, como el “campesinado, pacientes, usuarios de las zonas más pobres del país, personas jóvenes y mujeres criminalizadas”.

Tania Ramírez, integrante de México Unido Contra la Delincuencia también señaló en un hilo de Twitter que estas decisiones perjudicarán a las comunidades cultivadoras, pues “deberán cumplir los mismos requisitos que las transnacionales, incluyendo costosos mecanismos para teatro y trazabilidad que, casualmente, las canadienses y gringas ya desarrollaron”.

Asimismo, comentó que se beneficiará a la industria, ya que se quitarían los candados a la integración vertical, lo cual devendría en su presencia en toda la cadena sin restricciones. “En la práctica, un puñado acaparará el mercado y será un bonito oligopolio”, sentenció.

No obstante, resaltó que la ley todavía debe pasar por la Cámara de Diputados, en donde se espera que se corrija el rumbo en torno a las decisiones que se tomaron “para no perder esta oportunidad histórica”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA