Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la propuesta gubernamental a través de la cual su administración eliminará el uso del herbicida glifosato a lo largo de los próximos cuatro años. López Obrador aseguró que en los programas de gobierno que involucran actividades agrícolas, el químico no existe. Agregó que para frenar su uso, el país regulará su importación de forma gradual.
El debate alrededor del uso de este herbicida, comercializado en México como Aquamaster, Faena, Mamba, Sankill, Glyphos, Roundup y Ramrod, recuperó reflectores después de que un audio filtrado expuso al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, cuando acusó a dos miembros del gabinete presidencial de obstaculizar la regulación del químico por intereses empresariales. Los aludidos son Alfonso Romo, jefe de oficina de la Presidencia y Víctor Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural.
La decisión de prohibir el glifosato surgió a partir de que la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo clasificó como un “potencial cancerígeno”. Es decir que, bajo ciertas condiciones, este químico, usado principalmente en la agricultura de exportación, puede provocar cáncer.
Otro de los puntos de debate es su efecto “ligeramente tóxico” en organismos no humanos presentes en los ecosistemas rurales, como insectos, aves y especies marinas, además de las plantas cuyo propósito es eliminar. Sobre este tema, Conacyt hizó público un repositorio científico con diversas conclusiones.
Las clasificaciones matizadas con adjetivos como “potencial” o “ligeramente” son la causa principal de que exista un desacuerdo sobre la seguridad de su uso. En septiembre de 1993, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA) realizó un reporte para revaluar el registro que el químico tenía desde 1983. Clasificó al glifosato como un químico con toxicidad nivel 3, “moderadamente tóxico” (en una escala en la que el 4 es “no tóxico” y el 1 es “muy tóxico”). Actualmente la organización está revaluando la clasificación, pero en 2019 comunicó que sigue considerando la sustancia como “segura”.
La evidencia científica bajo la cual dieron esa evaluación fue presentada por la empresa productora del químico, Monsanto. En 1996, esta transnacional comenzó a comercializar sus cultivos transgénicos resistentes al Roundup. Esta combinación de productos incrementó el uso del herbicida. Los productores agrícolas comenzaron a rociarlo sobre todos sus sembradíos sin temor de que afectara las cosechas. Esto también redujo la implementación del arado como método de control de maleza.
La controversia alrededor de la información científica provista por la empresa de Bayer creció en 2017, cuando el juez de distrito de Estados Unidos, Vince Chhabria decretó la desclasificación de los llamados “Monsanto Papers”. En los documentos obtenidos había evidencia suficiente para comprobar que la empresa de transgénicos alteró las pruebas científicas que avalan la seguridad de sus productos.
De acuerdo con un estudio publicado por la California State University, gran parte de los estudios científicos alrededor del glifosato son, por lo menos, dudosos.
La campaña mexicana para prohibir el químico está íntimamente ligada con la prohibición del cultivo de maíz transgénico en el territorio nacional. Aun cuando su toxicidad esté en duda, hay suficiente evidencia para demostrar que la transición de la actividad agrícola hacia los cultivos transgénicos ha tenido impactos ambientales y sociales graves.
Las poblaciones rurales que dependen de la agricultura han visto cómo las industrias que cultivan transgénicos afectan sus capacidades de competencia económica y de sustento. Además el tipo de monocultivo intenso que practica ese modelo agrícola esteriliza la tierra, dejándola inservible para cualquier otra planta.
El presidente López Obrador reconoció los diferendos alrededor del tema como un hecho de la política. “El secretario de Agricultura quiere producir y el secretario de Medio Ambiente está en lo suyo”, dijo. Y recordó que Conacyt está encargada de buscar una alternativa para eliminar el herbicida sin afectar la producción.
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