La emergencia sanitaria por COVID-19 ha expuesto las deficiencias en los servicios médicos en los reclusorios en el país, al menos el 50% presentan deficiencias al respecto.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hasta el 17 de julio, reportó 1,768 diagnósticos positivos de coronavirus en 85 prisiones, de acuerdo con información consultada por El Universal.
La mitad de los centros de readaptación no cuenta con los materiales y condiciones higiénicas en sus áreas médicas, según los datos reportados en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 de la CNDH y reportes estatales diarios que envían a dicho organismo para notificar el número de casos positivos.
De acuerdo con especialistas consultados por dicha publicación lamentaron el que no se puedan controlar los casos reportados por COVID-19 porque no se cuentan con el personal, insumos médicos o instalaciones. Otro de los problemas está en que tres de cada 10 cárceles tiene sobrepoblación y hacinamiento.
Por ejemplo, en Tabasco reportan en tres cárceles casos de coronavirus y en las cuales presentan deficiencias en sus servicios de salud; Oaxaca tienen enfermos en cuatro penales, de los cuales tres carecen de instalaciones médicas adecuadas; Estado de México reportan contagios en nueve cárceles y en seis no tienen las condiciones médicas para atender a los infectados.
Una situación distinta se presenta en la Ciudad de México, en donde más casos se han reportado, con 1,041, es decir, el 58% de los casos totales reportados. Pero de los 13 reclusorios en donde se concentran los casos, sólo en dos tiene deficiencias para atender a los enfermos, según la CNDH.
Verónica Garzón, coordinadora del Área de Incidencia Internacional de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal), indicó que “la Ciudad de México podría ser una buena práctica, pero de ahí en fuera la realidad es que no hay presupuesto para garantizar estancia salubres, para atender o dar tratamiento a personas con padecimiento crónico degenerativos, no hay suficiente personal”.
Añadió que el sistema penitenciario no puede excusarse que las deficiencias en los servicios de salud son consecuencia de la emergencia sanitaria, ya que las carencias, indicó, son producto de un cúmulo de omisiones.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dio a conocer a través de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016 sobre las carencias en el sistema penitenciario en distinto rubros.
En entidades como Aguascalientes, Colima, Chiapas, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca y Puebla, menos del 50% de los reclusos estaba satisfechos con el rubro médico, de alimentación y medicinas.
Christel Rosales, investigadora senior del Programa de Justicia de México Evalúa, indicó que “no hay compromiso por parte del gobierno federal ni de los estado para atender lo que requiere el sistema de ejecución de sanciones penales, mientras que no haya ese compromiso veremos cifras actualizadas sin que los problemas hayan cambiado”.
Otro de los datos que reflejó los datos del Inegi fue que en el 2016 sólo 41% de las personas privadas de su libertad tuvo acceso a agua potable y la mitad de los internos en el país comparten su celda con cinco personas.
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