Bajo repetido mandato del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre la Austeridad Republicana se decretó que se lleven acabo “los procesos para extinguir o dar por terminados todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal en los que funjan como unidades responsables o mandantes”, de acuerdo con el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
Este mandato instruye a todas las dependencias y entidades del país, las cuales comprenden a la Administración Pública Federal, la Oficina de la Presidencia de la República y los Tribunales Agrarios, según los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento a extinguir los fideicomisos de este tipo. El monto total de estas dependencias asciende a 740 millones 572.7 mil pesos, de acuerdo con las cifras del 31 de diciembre de 2019 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El dinero deberá ser entregado a más tardar el día 15 de abril del presente ejercicio fiscal y deberán otorgarse todos los recursos públicos a la Tesorería de la Federación. Además, el decreto faculta a Arturo Herrera, titular de la SHCP, para resolver las excepciones que sean necesarias, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, mismas que si no son contestadas en 10 días, se entenderán como negadas. Sin embargo, una parte del monto pasará a Hacienda listo para usarse.
El decreto excluye de estas acciones a “los fideicomisos públicos, mandatos o análogos cuya extinción o terminación requiera de reformas constitucionales o legales, así como los instrumentos jurídicos que sirvan como mecanismos de deuda pública, o que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones”.
El decreto utiliza como fundamento el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. De acuerdo con el DOF, en este se encuentra uno de los principios rectores: el de “economía para el bienestar” que busca acrecentar las acciones de “austeridad y sin corrupción, disciplina fiscal y cese del endeudamiento” y, por otro lado, intenta fomentar “respeto a las decisiones autónomas del Banco de México, creación de empleos, fortalecimiento del mercado interno, impulso al agro, a la investigación, la ciencia y la educación”.
De acuerdo con información de El Economista, el total de los fideicomisos públicos se divide de la siguiente manera: 142 millones 500.1 mil pesos de apoyos financieros y otros; 243 millones 198.1 mil de estabilización presupuestaria; 121 millones 425.2 mil de infraestructura pública; 78 millones 156 mil de pensiones; 21 millones 825.3 mil en prestaciones laborales; 45 millones 522.9 mil de subsidios y apoyos y 87 millones 945 mil proveniente del subtotal de 310 actos jurídicos restantes.
La SHCP externó por medio de los “Pre-Criterios 2021” su intención de usar recursos de fondos y fideicomisos del sector salud, así como de disposiciones normativas y de otros activos fiscales de los fideicomisos para “hacer frente a las ampliaciones de gasto necesarias para atender la emergencia en salud derivada del COVID-19”
La dependencia estimó que debido a la crisis humanitaria, el crecimiento del Producto Interno Bruto para el 2020 será entre -3.9 y 0.1%.
Por otro lado, las finanzas públicas de 2020, considerando el nivel de riesgo de la pandemia, aumentarían los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) 4.4% del Producto Interno Bruto (PIB); el balance público registrará un déficit del 3.3% y el balance primario será del -0.4%.
Para mitigar los efectos a mediano plazo se encuentran fondos y reservas para enfrentar contingencias en materia de salud, recursos en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), reservas internacionales por 185.5 mil millones de dólares (mmd), una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional por 61.4 mmd, entre otras.
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