Los elevados niveles de violencia e impunidad que prevalacen en México preocupan al gobierno de Estados Unidos. Es por ello que decidieron prolongar, por lo menos hasta 2025, uno de sus planes de ayuda para fortalecer las instituciones de justicia de los estados mexicanos y desarrollar el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).
El periódico Reforma publicó este lunes que la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) asignará un contrato de entre 23 y 33 millones de dólares, con vigencia de cinco años, a una consultoría que ayude a incrementar la efectividad del NSJP a nivel local en seis estados.
“Pese a la adopción de amplias reformas legales, la combinación de inseguridad extrema para los ciudadanos en todo el país, altos niveles de impunidad, continuos abusos a derechos humanos y debilidad institucional persistente, han resultado en un sistema de justicia que, en muchas instancias, no logra ser efectivo en proteger a las víctimas y aplicar el debido proceso”, explican las bases de la convocatoria, publicada el 16 de diciembre pasado.
"Subyacente a la violencia creciente es un nivel de impunidad extraordinariamente alto", agregan.
Desde ese mes establecieron que 2019 estaba en curso para ser el año más violento de que se tenga registro en México, lo cual se confirmó en las cifras de homicidios publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
“Noticias casi semanales de homicidios, secuestros, ejecuciones, desapariciones forzadas y fosas masivas, socavan aún más la confianza de los ciudadanos en el gobierno”, dice la convocatoria.
"El problema lo exacerba la naturaleza aislada de las instituciones de justicia, es decir, el aislamiento entre fiscales, forenses, policías, jueces y defensores públicos".
Reforma destaca que la consultoría ganadora del contrato tendrá que elegir seis estados de entre una lista de 14, abarcando al menos la capital del país y otro distrito judicial.
En esas regiones, la Agencia para el Desarrollo Internacional busca que aumente la persecución de los crímenes de alto impacto, enfatizando delitos con penas de más de tres años de cárcel, así como generalizar el uso de medios alternos para resolver disputas y declaraciones negociadas de culpabilidad.
"Esto requiere implementar procesos más eficientes dentro de las instituciones de justicia para priorizar los casos más serios, así como mejorar las comunicaciones entre dichas instituciones", explicó la agencia.
El pasado mes de octubre, USAID (que es independiente a los programas de la Iniciativa Mérida) ya había extendido por nueve meses, hasta julio de 2020, el contrato principal del programa PROJUST, que desde julio de 2014 ejecuta la firma Management Systems International (MSI).
De acuerdo con Reforma, el contrato original era por 68.2 millones de dólares, pero la extensión le agregó 4 millones, con la aclaración de que Management Systems International operaría con menos personal y enfocada en solo tres componentes de PROJUST, que son parecidos a los del nuevo contrato.
Además de estos proyectos, USAID anunció en mayo de 2019 hasta 10 millones de dólares para mejorar oficinas de defensores públicos, unidades de medidas cautelares y comisiones de atención a víctimas.
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