Mundial 2026 impulsa debate sobre regulación de apuestas en México

El inminente inicio del Mundial de Fútbol 2026, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá, ha intensificado la presión sobre el sector de apuestas deportivas en México, donde la industria del juego enfrenta un escenario de crecimiento acelerado.

La expectativa de un aumento significativo en la cantidad de usuarios durante el torneo ha reavivado el debate sobre la necesidad de actualizar el marco normativo vigente, que data de 1947 y no contempla la realidad digital actual.

Por ese motivo, las asociaciones del sector de juego en México reclaman modificaciones en la legislación y, según información recogida por la plataforma comparadora Toroslots, los empresarios coinciden en que el Mundial 2026 es la oportunidad perfecta para hacerlo.

La Ley Federal de Juegos y Sorteos, promulgada durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés hace casi ochenta años, sigue siendo la principal referencia legal para la operación de casinos, apuestas y sorteos en el país.

Este marco, anterior a la aparición de internet y los métodos de pago electrónicos, no regula las plataformas digitales ni las apuestas en línea, lo que ha generado un vacío legal que preocupa a los actores del sector. Según la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA), esta situación ha propiciado el crecimiento del mercado negro, incrementando los riesgos de fraude y dificultando el control sobre los usuarios.

El presidente de AIEJA, Miguel Ángel Ochoa, advirtió que México está “cediendo terreno” frente a países latinoamericanos como Colombia o Perú, que ya cuentan con marcos regulatorios modernos. La ausencia de una norma común, pese a la existencia de plataformas legales bajo supervisión estatal, ha generado problemas adicionales, como la proliferación de operadores ilegales y la falta de mecanismos efectivos de protección para los usuarios, de acuerdo con especialistas del sector.

En cuanto al sistema de licencias, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) administra la emisión de permisos, aunque, según portavoces de la plataforma Toroslots, el Estado no ha otorgado nuevas licencias para casinos presenciales ni permisos independientes para operar en línea en los últimos años.

Solo quienes ya poseen una licencia presencial pueden solicitar una extensión digital para ofrecer servicios en línea. “Por este motivo, las empresas extranjeras interesadas en ingresar al mercado mexicano deben asociarse con titulares locales de licencia, invertir en ellos o adquirir una participación, ya que la figura de la ‘sublicencia’ directa fue eliminada a finales de 2023”, afirmó un portavoz de la plataforma.

Este esquema ha permitido mantener un mercado controlado mediante auditorías de laboratorios de juego, aunque limita la competencia y obliga a la colaboración con socios locales como única vía legal para operar en el sector de iGaming mexicano.

A pesar de la falta de avances legislativos, el mercado de apuestas en México ha experimentado una expansión notable. La mejora en la conectividad y la adopción de métodos de pago para personas no bancarizadas han facilitado el acceso de miles de usuarios a las plataformas de juego.

De acuerdo con informes de la consultora Altenar, el país se posiciona entre los mercados con mayor proyección en América Latina y ha transitado de manera clara del juego presencial al juego en línea, impulsado en parte por la popularización de los pagos digitales.

El crecimiento del sector legal ha ido acompañado de un aumento en el mercado ilegal. Estimaciones del propio sector indican que más del 60 % del volumen total de apuestas en línea en México se mueve en circuitos no regulados.

Esta falta de supervisión expone a los usuarios a riesgos como estafas, pagos no garantizados y ausencia de protección de datos. Miguel Ángel Ochoa, presidente de AIEJA, afirmó que “el tema es ir contra ese mercado ilegal que compite contra el legal en el país. Se calcula que 40 % de las (empresas de) apuestas en línea son legales y el restante 60 % un mercado gris”.

La carencia de regulación también tiene un impacto fiscal considerable. El Estado deja de percibir cientos de millones de pesos en impuestos debido a la actividad de operadores no regulados. Aunque el Gobierno federal ha propuesto elevar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado al juego del 30 % al 50 % sobre los ingresos brutos, operadores y analistas advierten que un aumento impositivo sin una estructura legal moderna podría incentivar aún más el uso de sitios no regulados.

La llegada del Mundial 2026 se perfila como un catalizador para la reforma legal. Proyecciones de los operadores anticipan un incremento del 40 % en el volumen de apuestas deportivas durante el torneo, lo que refuerza la urgencia de una regulación actualizada.

El proceso de consulta en el Congreso mexicano ya ha avanzado, con la participación de actores públicos y privados. El siguiente paso será la redacción de un nuevo borrador legal que incluya exigencias como la verificación de edad, el fomento del juego responsable, la emisión de licencias digitales y la definición de esquemas fiscales para plataformas online.

La expectativa compartida entre reguladores y representantes de la industria apunta a que la reforma podría facilitar acuerdos bilaterales con los países coanfitriones del Mundial, especialmente en materia de interoperabilidad fiscal y verificación transfronteriza.