La Tasa de Seguridad se ha consolidado como un pilar esencial para el sostenimiento y desarrollo de los programas enfocados en la protección ciudadana, la convivencia y el fortalecimiento del orden público en el Valle del Cauca.

Según información de la Gobernación del Valle del Cauca, este tributo, puesto en marcha desde 2017, financia la mayor parte de los proyectos regionales de seguridad, convivencia y orden público, con una inversión acumulada que supera los 212 mil millones de pesos en los últimos ocho años.

En el contexto nacional, marcado por una crisis en seguridad y recortes en el sector defensa, el modelo vallecaucano ha sido ejemplo de resiliencia institucional y compromiso ciudadano, confirma la Gobernación.

La Tasa de Seguridad, creada por ordenanza departamental y recaudada a través de las facturas de energía de los estratos 4, 5 y 6, además de los sectores comercial, industrial y especial, nació como respuesta ante la necesidad de reforzar la capacidad institucional frente al aumento de la inseguridad en la región.

Este tributo contempla exenciones parciales para quienes utilizan energías renovables, bajo criterios de solidaridad y corresponsabilidad social.

Los recursos provenientes de la tasa han permitido dotar a la Fuerza Pública con tecnología, vehículos y equipos modernos. De acuerdo con la Gobernación, se han adquirido 300 motocicletas, 38 vehículos, 131 cámaras de videovigilancia, sistemas de reconocimiento de placas, 950 chalecos antibalas y 85 equipos de geolocalización, en beneficio de transportadores y lancheros en Buenaventura.

Asimismo, parte de los fondos se ha invertido en la renovación y construcción de infraestructuras estratégicas de Policía y Ejército en municipios como Jamundí, Paila Arriba (zona rural de Sevilla) y Barragán, en Tuluá.

Para la administración departamental, este mecanismo es la principal fuente de financiamiento de los proyectos estratégicos de seguridad, permitiendo planificar y ejecutar iniciativas que impactan directamente en el bienestar de la población.

Más allá de la dotación material, la integración tecnológica ha marcado la diferencia. El sistema de monitoreo satelital permitió rescatar en altamar a 21 tripulantes del buque ‘Doña Sheiry’.

Los corredores seguros facilitaron la captura de 150 de los criminales más buscados y la incautación de 996 kilos de clorhidrato de coca, 16 toneladas de marihuana y la ejecución de 515 detenciones. La inversión en recompensas se tradujo en pagos cercanos a los 983 millones de pesos, de acuerdo con información suministrada por la Gobernación.

El modelo no ha estado exento de desafíos normativos. En julio de 2025, el Consejo de Estado declaró nula la ordenanza original de 2016. Sin embargo, la Gobernación aseguró la continuidad del recaudo a través de la Ordenanza N.º 692 de 2025, avalada por la legislación nacional, que extiende la vigencia hasta diciembre de 2032.

En un país donde la preocupación por la inseguridad va en aumento y el 36% de los colombianos identifica la seguridad como el principal problema nacional, según la encuesta Invamer. El Valle del Cauca optó por fortalecer sus capacidades preventivas y operativas, disminuidas, ante el recorte dado por el gobierno nacional al presupuesto de las fuerzas armadas.

La Gobernación destaca la Tasa de Seguridad como “una contribución democrática de los vallecaucanos para garantizar el bienestar y dignidad de soldados y policías”.

Adicionalmente, estos recursos, según lo informado por la Gobernación, han permitido la construcción del Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad (CGES) en Buga, desde donde se coordinan y monitorean, en tiempo real, las operaciones de seguridad en 29 municipios.

El financiamiento de la Tasa de Seguridad ha permitido, según voceros oficiales, mitigar recortes nacionales, fortalecer programas de prevención y sostener la legitimidad institucional frente a la ciudadanía, garantizando, en tiempos complejos, la protección y tranquilidad de los habitantes del Valle del Cauca.