En los últimos días se ha presentado un rifirrafe entre la Procuraduría General de la Nación y jueces de la República por la libertad de los voceros de paz nombrados por el Gobierno nacional.
Por ejemplo, el ente de control interpuso una denuncia penal en contra de Lilyan Johana Bastidas Huertas, la jueza coordinadora de Paloquemao que autorizó la libertad de dos voceros de paz.
A esta situación no son ajenas los organizaciones sociales y de derechos humanos como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), el Equipo Jurídico Pueblos (EJP) y la Fundación Lazos de Dignidad (FLD).
Dichas organizaciones y otras, junto a congresistas como Alirio Uribe Muñoz, representante a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico y las senadoras Aída Quilcué y Jahel Quiroga Carrillo, entre otros, solicitaron “se otorgue la libertad inmediata de las personas designadas como voceras de paz por el Presidente de la República”.
En un primer punto señalaron que desde octubre le entregaron a Gustavo Petro un censo de 201 personas con perfiles, historias de vida, certificaciones de liderazgo o de pertenencia al movimiento social o de derechos humanos y piezas procesales, que acreditan la judicialización por hechos relacionados con la protesta social.
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Sin embargo, a la fecha, solo dos jóvenes han sido dejados en libertad.
“Rechazamos la demora y la excesiva ritualidad que la Comisión Intersectorial ha impartido a los trámites de verificación de listados entregados para la designación cómo voceros y voceras de paz a las personas privadas de la libertad en el marco del ejercicio de su derecho a la protesta social”, se lee en el comunicado compartido.
Para las organizaciones y congresistas firmantes del documento, la Procuraduría General debe ejercer sus funciones sin “obstaculizar la orden legal de otorgar la libertad a las personas judicializadas por protestar, garantizando los estándares de derechos humanos que permitan priorizar el derecho a la libertad”.
Hay que anotar que en el marco de las protestas desarrolladas en el Paro Nacional, alrededor de 291 personas fueron judicializadas, de las cuales “195 fueron privadas de la libertad en procedimientos policiales y penales donde han sido evidentes las violaciones a derechos humanos y las irregularidades desde el mismo momento de las capturas”, denunciaron este jueves 29 de dicembre.
En otro punto advierten sobre la formulación de macroimputaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación con el fin de obtener medidas de aseguramiento privativas de la libertad e “intimidar a las personas capturadas para la aceptación de cargos”.
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En el mismo sentido, aseguran que estas detenciones corresponden a razones políticas, “situación que amerita un especial tratamiento por parte del Estado Colombiano”.
Varias organizaciones de derechos humanos han respaldado la figura de las vocerías de paz, que tiene la intención de que las personas designadas como tal, recuperen temporalmente su libertad con el fin de aportar a la construcción de escenarios de paz social.
De acuerdo con el CAJAR y demás organizaciones sociales, “la puesta en libertad de jóvenes manifestantes hace parte del programa de Gobierno que motivó la votación masiva durante las últimas elecciones presidenciales”.
Por último, le hicieron un llamado a Gustavo Petro para que antes de terminar el año, cumpla con la delegación de vocerías de paz y se agilicen los trámites previstos para la delegación de nuevas vocerías de paz que “permita la pronta libertad de las personas que hoy siguen en la cárcel por reclamar condiciones de vida digna”.
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