Una amarga Navidad se llevarán siete exdirectivos de Bioenergy S.A. que fueron hallados responsables fiscales por la Contraloría General de la República, de una millonaria pérdida de recursos a la empresa y Ecopetrol. Los funcionarios no hicieron nada y autorizaron el pago de cánones de arrendamiento de predios que no se utilizaron, ni servían para el objetivo propuesto en el proyecto.
El daño patrimonial identificado por el órgano de control se remite al periodo entre 2012 y 2013 cuando Bioenergy S.A (hoy Bioenergy SAS) firmó ocho contratos de arrendamiento de predios, para cultivar en ellos caña de azúcar como suministro a la planta de producción de etanol “El Alcaraván”, en el departamento del Meta.
Los predios debían tomarse en arriendo para entregarlos a la empresa Riopaila que se haría cargo del cultivo de la caña. Sin embargo, pasaron los años y no se surtió el proceso, no se plantó ni una sola planta, pero sí se pagaron los cánones de arrendamiento, se firmaron otro sí y se modificaron los contratos.
Esas irregularidades generaron un millonario daño patrimonial de $1.029.286.657 por el pago de arriendos para predios que no se utilizaron, determinó la CGR. A lo que se suman las cláusulas penales por terminación de contratos de otros predios de manera injustificada.
“La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, que profirió esta decisión, determinó la ocurrencia de varias irregularidades, como: falta de planeación, que generó demora injustificada en la entrega de los predios objeto de los contratos de arrendamiento a Riopaila; ausencia de procedimientos de entrega de los predios objeto de los contratos de arrendamiento; no utilización de los predios arrendados para el objeto contratado, que era la siembra de caña de azúcar”, afirmó el ente de control.
Entre los ocho funcionarios hallados responsables fiscales en este caso, se encuentra Claudia Castellanos (sin ninguna relación con la exsenadora y miembro de la Misión Carismática Internacional, como se informó en un principio) María Cristina Cortés, Juan Felipe Munera, María Elena Velásquez y Myungho Lee y el gerente agrícola André Martés.
Según el Auto No. 0772 de la CGR firmó varias de las actas de autorización para la suscripción de los contratos de arrendamiento. Además, tanto ella como los miembros de la Junta discutieron las modificaciones y prórrogas a los contratos, conociendo las irregularidades, sin tomar acciones para acelerar la entrega de los predios.
También fueron hallados responsables Aleck Remberto Santamría, exgerente de Bioenergy S.A. y suscribió los contratos de arrendamiento, estuvo en la junta en la que se presentaron la situación causada por la demora de los predios, conoció el pago de indemnizaciones a Riopaila por esa situación, y aún así no tomó acciones para evitarlo.
También son incluidos en el fallo de responsabilidad fiscal los miembros principales de la junta, María Cristina Gloria Inés Arango, Juan Felipe Múnera, la fallecida María Elena Velásquez Restrepo, Myungho Lee; el gerente agrícola de Bioenergy Andre Marques Valio y el supervisor de los contratos Darío Castro León.
Otro de los fallos de responsabilidad fiscal en este proceso de la Contraloría fue por 309 millones de pesos de recursos públicos que se perdieron debido a que se contrató el predio El Corozalito que ni siquiera era apto para el cultivo de caña, como era el único fin propuesto en la ejecución del contrato. Esto llevó a terminar el contrato, asumiendo la cláusula penal derivada de la terminación injustificada
Por estos hechos, fueron declarados Responsables Fiscales: Miguel Ángel Ramírez Herrera, representante legal de Bioenergy, Andre Marquez Valio, Jesús Hernando Galvis y sin responsabilidad para Iván Darío Castro.
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