Este miércoles 14 de diciembre fue aprobado en primer debate el proyecto de ley ‘Chao Marcas De Gobierno’, una iniciativa que nació en el Concejo de Bucaramanga con los cabildantes Carlos Parra y Danovis Lozano y que con el representante Cristian Avendaño busca ser una Ley de la República que le ahorraría a los colombianos 2 billones de pesos anuales.
De acuerdo con los congresistas que radicaron el proyecto de ley, este pretende limitar la cantidad presupuestal que un gobierno de cuatro años puede gastar en publicidad personalizada, “disfrazada en imagen institucional”, de acuerdo con los cálculos realizados por los congresistas, el país gasta aproximadamente dos billones de pesos al año en publicidad de gobierno.
En consecuencia, el proyecto tiene por objeto establecer medidas que permitan unificar la imagen de las entidades estatales a través del manual de identidad visual, prohibiendo las marcas de gobierno, con el fin de impedir que se pierda la identidad institucional, además de establecer medidas que permitan la austeridad en la publicidad estatal.
Una de las congresistas ponentes del proyecto de ley es la representante por Risaralda, Carolina Giraldo, que ante los medios de comunicación subrayó que:
“Nuestro proyecto de ley busca regular las marcas de Gobierno, porque lo que pasa hoy es que llega un nuevo gobernante que inmediatamente impulsa un nuevo logo, colores, slogan, y todo esto significa gastos en chalecos, papelería; gastos innecesarios para el Estado, que podrían invertirse mejor en educación, en salud, en la política social”.
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Hay que anotar que el proyecto de ley 163 de 2022 se debatió en la Comisión Cuarta del Senado. En la ponencia, los congresistas señalaron que ha sido recurrente la inversión del gasto público con el fin de promover la publicidad en las entidades estatales.
Sin embargo, resaltaron que dicha publicidad, en la mayoría de los casos, se ejecuta con el fin de promover y promocionar a quienes ostentan los cargos públicos ya sea por nombramiento o por elección popular, más que para comunicar el cumplimiento de las funciones institucionales.
Otro de los aspectos en el que puntualizaron fue que el recurso público se utiliza para la autopromoción de los directivos desde un enfoque político e individualista, “capitalizando toda la promoción de marca en su propio beneficio”, a través de las vocerías de las entidades estatales.
Uno de los datos que presentaron en el debate en el Congreso de la República se basó en la auditoría realizada por la Contraloría General de Medellín a Empresas Públicas de Medellín, que según dice: esta entidad gastó más de 31 mil millones de pesos entre enero de 2018 y septiembre de 2019 en publicidad.
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Ahora, debe aclararse que esta iniciativa legislativa no busca prohibir la publicidad estatal. Por el contrario, pretende reglamentar la publicidad oficial con el fin de evitar que esta no responda a las vanidades de los mandatarios de turno, y no se afecte la identidad institucional de las entidades estatales y entes territoriales.
Para solucionar toda la problemática planteada, los congresistas expusieron una serie de propuestas, entre ellas se pueden destacar:
1. Unificar la imagen institucional en un manual que será elaborado con criterios técnicos y participación ciudadana.
2. Prohibir las marcas de gobierno en la identidad visual de las entidades estatales.
3. Garantizar la utilización de los símbolos patrios en la identidad institucional.
4. Conservar las cuentas de vocerías del Estado.
5. Garantizar la austeridad a través de la prohibición de publicidad estatal en favor de servidores o planes de gobierno.
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