El jueves 24 de noviembre, la Procuraduría General de la Nación presento las conclusiones de su informe de seguimiento a la ley de acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual. Dentro del análisis hecho por el ente de control, se logró comprobar que los casos de abuso sexual a menores de edad ha venido en aumento.
El Ministerio Público contó con el apoyo de ONU Mujeres y la Embajada de Suecia para la realización de este estudio. De igual forma, se solicitó la presentación de información a las 13 entidades del territorio nacional que tienen responsabilidad en el cumplimiento de la ley 1719 de 2014, reglamentación que ordena el acceso a la la justicia de las víctimas de violencia sexual, con un especial enfoque a las víctimas del conflicto armado.
Para el ente de control resulta preocupante que las niñas ya adolescentes menores a 14 años sean los principales afectados de esta conducta aberrante. De igual manera, se señaló por parte de la entidad que los lugares de riesgo siguen siendo el hogar o los espacios de cuidado. En tanto que los agresores, según la información recolectada, siguen siendo los hombres adultos, familiares o allegados a los infantes.
La información compartida también concluye que los departamentos en los que se registró una mayor tasa de casos de violencia sexual en niñas y adolescentes por cada 100.000 habitantes fueron Amazonas, Guainía, Vaupés y Guaviare. Mientras que el mayor número de este acontecimiento en mayores de 14 años se presentó en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca.
Para la procuradora delegada para la defensa de la infancia, la adolescencia, la familia y la mujer, Viviana Mora Verbel, todavía faltan mecanismos para que se garantice el acceso pleno a denunciar casos de violencia sexual.
“La mirada de la Procuraduría es que hay avances en el reporte de la garantía de ese derecho de acceso a alas víctimas de violencia sexual, pero falta muchísimo por hacer. Adicionalmente, encontramos rezagos en la atención e integralidad en la atención”, señaló Viviana Mora.
Además, la procuradora delegada dijo que se necesita que las deferentes entidades del país que deben garantizar el alcance de la justicia para las víctimas trabajen de manera conjunta. Pues, además de ser atendidas por el sector salud, aseguró que deben ser reparadas con la intermediación de otras instituciones del Estado.
Otra preocupación para el ente de control político es que, a pesar de que existe un sistema único de información para reportar este tipo de violencia, las autoridades no están reportando los casos que se presentan. Por lo que evidenció que existe una disparidad en las cifras reportadas.
Por eso también estamos pidiendo que el mismo sistema sea efectivo y que todas las entidades concernidas en la atención a las víctimas de este tipo de violencia puedan acceder a ese sistema. Que el sistema alimente a las entidades, es decir, que sea interoperativo”, concluyó la procuradora delegada Viviana Mora.
Por otra parte, el estudio hecho por la Procuraduría, junto con las otras dos entidades también indagó por el abordaje de este tipo de violencia en la justicia transicional. En el que se evidenció, según señala la entidad, un gran avance en el macrocaso número 11, bajo el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado a partir de la firma del Acuerdo de Paz. Asimismo, precisó que se debe seguir trabajando para abordar la reparación en las víctimas de este tipo de violencia, pero que además, son afectadas del conflicto armado.
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