Secuestraron a un beneficiario y a un escolta de la Unidad Nacional de Protección en el Meta

En el departamento del Meta denunciaron un grave hecho que relaciona a sujetos encapuchados y armados y la Unidad Nacional de Protección (UNP). Se trata del secuestro de un protegido y un escolta de la UNP, además del hurto de municiones, armamento y objetos de valor.

Las autoridades señalaron que en el vehículo interceptado por los criminales transitaban siete personas, cuatro civiles y tres escoltas que fueron obligados a bajarse del automotor, entregar el armamento, objetos personales junto a los chalecos de protección para posteriormente amordazarlos. De las siete personas los cuatro civiles eran el protegido, su compañera sentimental y dos menores de edad, de quien fue raptado el protegido al igual que uno de los escoltas.

Los hombres armados procedieron tras las suplicas dejar en libertad a las personas exceptuado los dos sujetos raptados. El hecho fue cuestionado por varios sectores incluyendo desde la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Posteriormente fue informado en la misma noche por la Unidad Nacional de Víctimas que tanto el protegido como el escolta fueron liberados completamente sanos, aunque el armamento y los objetos hurtados no fueron devueltos.

Sobre más información de la UNP: La Procuraduría General de la Nación inhabilitó de ocho años al contratista Edgar Mauricio Hernández González, de firmar algún acuerdo público con el Estado, luego de que se presentaran varias irregularidades mientras se desempeñaba como supervisor de algunos contratos en la Unidad Nacinal de Protección (UNP).

En 2013, el sujeto incurrió en una falta grave al autorizar el pago de varias facturas, las cuales no se especificaron las fechas en las que se prestó el servicio de suministro de esquemas de seguridad. Un total de cinco pagos por $10.000 millones, que no estarían justificados.

“En varios contratos no se reflejó la supervisión en la ejecución y solo traslada (el sancionado) la información (presuntamente de los anexos a las facturas) al informe, sin objeción alguna, con lo que no es clara la manera en la que se dio cumplimiento a lo establecido en cada uno de ellos”, indicó la Procuraduría.

Además, la delegada Disciplinaria de Juzgamiento estableció que Hernández González no cumplió su deber en la supervisión de varios contratos, además no registró las irregularidad y “solo traslada la información (presuntamente de los anexos a las facturas) al informe, sin objeción alguna”.

Por esta razón, el contratista Edgar Mauricio tendrá que pagar una multa de 80 salarios mínimos mensuales vigentes para 2013, que corresponden a $47 millones. El dinero deberá ser cancelado a favor del Tesoro Nacional.

Vale mencionar que, en días anteriores Altus Alejandro Baquero Rueda es magistrado del Consejo Nacional Electoral, quien fuera designado en este cargo hace unos 3 meses, pero que según la Procuraduría General de la Nación, habría mentido en su hoja de vida, además que su designación puede constituir un conflicto de intereses. Esto se logra gracias a que, al momento de su posesión, el togado adquirió fuero, por lo que el ministerio público pudo arrancar con una investigación preliminar.

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