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La violencia en Colombia no da tregua. En las últimas horas el diario El Tiempo reveló que una lideresa indígena de La Guajira recibió amenazas de muerte en su contra a través de una llamada a su celular. Se trata de la dirigente wayú Yazmín Romero Epiayú.
Según contaron en ese medio, a Romero la llamaron el pasado 25 de octubre y le dijeron que “tenía las horas contadas”. Luego de esas conminaciones en su contra, que vienen desde hace más de 10 años, al activista medioambiental decidió insistirle a las autoridades que tomen cartas en el asunto.
Por ello, llevó el caso ante la Fiscalía General de la Nación con sede en Riohacha, la capital guajira, donde solicitó medidas de protección para su vida, dado que debido a su activismo en beneficio de los derechos humanos y de la naturaleza se ha visto grandemente afectada.
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Según la víctima, las amenazas y persecución política en su contra se debe a sus cuestionamientos a las empresas mineras del país como Cerrejón, que tiene presencia en La Guajira y es una de las más poderosas extractoras de carbón de la región Caribe colombiana.
Yazmín ha denunciado las afectaciones medioambientales que esa compañía le ha causado a los ríos y demás ecosistemas de su departamento. Sin embargo, no los responsabiliza de esta afrenta contra su vida pero se mantiene férrea en las luchas que la han llevado a ser conocida como una de las más férreas defensoras de la fauna, la flora y las raíces indígenas que posee.
Luego de que se hicieron públicas las amenazas en su contra, las reacciones en todo el país no han dado espera. Desde el Movimiento Feminista Niñas y Mujeres Wayú (MFNMW), del que Yasmín es representante legal, se rechazaron las afrentas contra su vida y se exigieron rápidas actuaciones desde las autoridades competentes.
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Según las dirigentes de ese gremio, las voces que luchan para favorecer el medio ambiente están siendo blanco de ese tipo de situaciones y aseguran que no cederán ante las presiones que cometen contra Yasmín y otros de sus integrantes. De hecho, hace unas semanas se conocieron más amenazas contra esa comunidad indígena de La Guajira.
Las víctimas Javier Rojas peticionario de las medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de los niños wayú y Jakeline Epiayu de Fuerza de Mujeres Wayuu que ha luchado en contra del desvío del arroyo Bruno, fueron víctimas de amenazas.
“Me encontraba haciendo los recorridos y verificaciones que a diario realizo en los municipios de Uribia y Manaure, cuando me avisaron y tuve que salir de inmediato”, explicó Rojas, asegurando que lo obligaron a salirse de Manaure porque le advirtieron que lo iban a matar.
Según el activista, esto lo habrían hecho lo que él llamó “caciques políticos y contratistas de La Guajira” quienes habrían ofrecido cinco millones de pesos para que acabaran con su vida, De hecho, denunció que esas actuaciones vienen desde hace meses en su contra. Dijo que los vecinos fueron los que le advirtieron del riesgo que enfrentaba por su labor social en el departamento.
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