La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 028 de 2022 desde San Andrés, la entidad del Ministerio Público aseguró que el riesgo de vulneración de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario para las personas que residen en San Andrés y Providencia se ha incrementado de manera exponencial en los últimos dos años. Una situación que se ve agudizada para los menores de edad, de acuerdo a las afirmaciones del defensor, Carlos Camargo.
La Defensoría del Pueblo señaló que en el archipiélago existe un fortalecimiento pronunciado por parte de varias estructuras criminales que estarían dedicadas a actividades ilícitas como el narcotráfico y el crimen organizado. La entidad aseguró que el ‘Clan del Golfo’, y la banda criminal de ‘Los Rastrojos’ ejercen presencia en esta zona del Caribe colombiano por cuenta de la tercerización de grupos delincuenciales que operan de manera local denominados como ‘Los Pusey’ y la ‘Fortaleza’.
Conforme a las explicaciones de la entidad realizadas en San Andrés, el accionar de estos grupos se ha incrementado por cuenta de las escasas oportunidades laborales que tiene la isla, frente a su costo de vida. Asimismo, la infraestructura educativa también tendría una relación en esta posible vulneración de derechos humanos.
“La isla vive una compleja situación que pone en riesgo los derechos humanos derivada de las escasas oportunidades laborales, desigualdad social por el alto costo de la vida. Hay una débil infraestructura sanitaria. Las niñas, niños y adolescentes crecen en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, una baja oferta educativa y algunas familias viven en asentamientos en condiciones de precariedad y hacinamiento”, precisó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
En el informe presentado, la entidad del Ministerio Público sostuvo que, desde momentos de confinamiento y pandemia las muertes relacionadas por causas violentas aumentaron de manera considerable. Durante el 2020 y el 2021 los homicidios ascendieron a 38 y 37 respectivamente, lo que superó las cifras presentadas en el año 2019, pues para este año se identificaron 21 homicidios en todo el archipiélago.
De igual forma, el defensor Carlos Camargo aseveró que, en lo corrido de este año, se han registrado 11 homicidios. De igual manera, se entregaron 26 recomendaciones a las diferentes autoridades para buscar la protección de los Derechos Humanos.
“La Defensoría del Pueblo ha hecho 26 recomendaciones a distintas autoridades civiles y fuerza pública para que se garanticen los derechos humanos de las comunidades en el departamento de San Andrés. Esperamos acciones inmediatas efectivas de las autoridades en favor de esta comunidad y en particular de los menores de edad”, dijo el defensor Carlos Camargo.
La entidad del Ministerio Público espera que se diseñe una estrategia para fortalecer el diálogo con la población raizal de San Andrés y Providencia, también se propuso la capacitación de integrantes de las instituciones de la región para combatir delitos como la trata de personas y el tráfico de migrantes. Por otro lado, también se solicitó una protección especial para que los jóvenes no entren a hacer parte de los grupos criminales.
“Hago un llamado para que toda la institucionalidad ponga los ojos en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para que se brinde la atención y protección de las comunidades, especialmente a los menores de edad”, añadió el defensor Carlos Camargo.
Finalmente, el jefe del Ministerio Público manifestó que se está consolidando una nueva ruta de migrantes venezolanos con dirección a Estados Unidos, en la que se usa a San Andrés como paso obligado para dirigirse a Centroamérica.
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