A través de un comunicado, el grupo criminal Clan del Golfo aseguró no ser responsable del asesinato del periodista Rafael Emiro Moreno, que se desempeñaba como director medio digital Voces de Córdoba, dedicado a publicar sobre corrupción y organizaciones armadas ilegales.
Luego, el grupo criminal dejó entrever que seguía el trabajo del periodista en los municipios de Ayapel, Montelíbano, Buenavista, San José de Uré y Puerto Libertador (su población natal).
Moreno fue asesinado por sicarios en la noche del domingo 16 de octubre en un restaurante de comidas rápidas de su propiedad, ubicado en el barrio 27 de julio, en Montelíbano, Córdoba. Ya había recibido amenazas contra su vida y tenía un esquema de seguridad asignado por la UNP (Unidad Nacional de Protección); no obstante, según indicó la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, estaba a la espera de que lo mejoraran.
El esquema de seguridad consistía en un escolta, un chaleco antibalas y un botón de pánico. “Es preciso y urgente que la UNP realice una investigación que permita conocer por qué no se reforzó su esquema de seguridad y si existieron irregularidades por parte del esquema de protección al momento del asesinato”, continuó la Flip.
También señaló que en el sur de Córdoba, en especial en Montelíbano, los periodistas se encuentran en grave peligro por su ejercicio profesional.
“En esta región de Córdoba los periodistas no tienen garantías suficientes para hacer su trabajo. Durante el 2022, seis comunicadores de Montelíbano han reportado amenazas y otros dos han sido hostigados en otros municipios del departamento. Este asesinato profundiza el riesgo y la sensación de miedo para ejercer el periodismo”, afirmó la Flip.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, demostró preocupación por la falencia del esquema de seguridad de Moreno, y aseguró que previamente se le había realizado diferentes recordatorios a la Unidad Nacional de Protección, pues el nivel de riesgo del periodista era evidente ante las reiteradas amenazas que recibía, situación que exponía como una eventual víctima.
“Nuestra seccional sur de Córdoba, hace seguimiento a este caso para brindar el acompañamiento necesario los familiares de la víctima. Desde esta regional habíamos hecho requerimientos a la Unidad Nacional de Protección, para la evaluación del riesgo, pues Rafael Moreno había recibido múltiples amenazas, situación que también expusimos en varios Consejos de Seguridad realizados en la zona”, aseguró.
Además, de manera enfática le pidió a la UNP avanzar en la investigación y esclarecer lo sucedido, pues surgen dudas sobre las medidas que se habían tomado respecto al esquema de seguridad de la víctima. De igual forma, recordó que en la región aún prevalece el riesgo anunciado mediante una alerta temprana en 2019, cuyos casos ya se han consumado y otros podrían concretarse eventualmente.
SEGUIR LEYENDO:
