
El excomandante de la Brigada 11 Móvil del Ejército Nacional, Jorge Alberto Amor, no aceptó los cargos que le fueron imputados por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Los delitos que se le endilgaron fueron desaparición forzada, crímenes de guerra y de lesa humanidad, ante lo que solicitó la anulación de cargos por su inocencia, tal como sostiene.
Los hechos por los que se le responsabiliza habrían ocurrido entre el año 2004 y 2006, mientras el coronel (r) Jorge Alberto Amor era el comandante de la Brigada Móvil que ejercía operaciones en el bajo Cauca antioqueño. La versión que sostiene la justicia transicional es que, durante el tiempo señalado, se perpetró la ejecución extrajudicial de al menos 49 personas que, fueron enterradas en el cementerio La Mercedes en Dabeiba (Antioquia) por parte de hombres que comandaba el militar retirado.
Sin embargo, el excomandante de la Brigada 11 sostiene que para llegar a tales determinaciones se le violaron los derechos del debido proceso.
El coronel (r) argumenta que en ningún momento se le hizo llegar el material probatorio correspondiente para que pudiera preparar su defensa, por lo que, argumenta, constituye una violación al debido proceso. Agrego además, que acudió a rendir indagatoria de versión libre toda vez que fuera solicitado por la justicia transitoria. Sin embargo, criticó el manejo que le dieron a su caso, pues dice que en ningún momento le notificaron formalmente de la imputación de cargos en su contra y que, solo se dio cuenta, cuando se difundió la información a través de los medios de comunicación.
La imputación de cargos la oficializó la JEP el 27 de julio de este año, cuando lo consideró como el máximo responsable de los delitos de lesa humanidad cometidos por la Brigada Móvil 11 del Ejército Nacional.
En el comunicado hecho por el coronel (r) Jorge Amor, se lee la solicitud de nulidad de imputación de cargos que realizó la justicia transicional, pues señala que, desde un principio, ha declarado su inocencia en este proceso.
De igual forma, aseguró que tampoco ha podido conocer de primera mano el material probatorio que lo vincularían con los presuntos nexos con paramilitares que ejercían presencia en el Urabá antioqueño entre los años 1994 y 1995. Por lo que aseguró que estos señalamientos afectaron el derecho a su defensa y su buen nombre.
En este sentido, el coronel retirado del Ejército dijo que no hubo una contrastación del expediente, así como tampoco se valoraron las pruebas que habría entregado para refutar la culpabilidad por la que se le imputó.
Por este mismo caso de ‘falsos positivos’ ocurridos en Dabeiba fueron imputados 10 miembros del Ejército Nacional, tres coroneles, tres mayores, otros tres suboficiales y un soldado profesional.
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