La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó medidas cautelares sobre el cementerio de Sucre, Sucre, donde estaría sepultada una de las víctimas de los ‘falsos positivos’ de la región.
Se llevo a cabo durante el marco del macrocaso 03, la que investiga los asesinatos forzados presentados como bajas en combate en la zona de Toluviejo. Se trata de Ebin David Paternina Parra, de 17 años, quien padecía discapacidad cognitiva. Fue desaparecido de manera forzada a mediados de 2007, junto con otros diez jóvenes por el Ejército Nacional (Fuerza de Tarea Conjunto de Sucre).
Este fatal hecho sucedió bajo el mando del coronel Luis Fernando Borja Aristizábal, quien fue condenado por la Justicia, se acogió a la JEP, recobró la libertad y pidió perdón a las familias por estos hechos. Por el caso de Ebin aseguró desconocer dónde están sus restos.
Para el 18 de julio de 2022, Yessika Hoyos Morañes, integrante del Coelctivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien representa a la familia de la víctima, brindó información al organismo para que se establezca que el joven se encuentra en este cementerio.
La abogoda afirmó que el cuerpo de una persona que murió durante un enfrentamiento el 9 de agosto de 2007 durante un enfrentamiento con el Ejército, podría ser el familiar de sus clientes.
“La protección consiste en que no se puede hacer cualquier exhumación en ese cementerio sin autorización de la JEP. Otra de las medidas es vincular a la Alcaldía del municipio de Sucre (Sucre) y a la Gobernación para prohibir inhumaciones en el área que se va a proteger”, indicó Hoyos.
Luego, para el 12 de septiembre del presente año en la instauración de varias mesas de trabajo, Yessika presentó una solicitud sobre el cementerio, “en donde presuntamente están inhumados los restos de Ebin David Paternina Parra, joven desaparecido forzadamente y asesinado por miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre en agosto de 2007″, aseguró en su petición.
De igual manera, la representante de las víctima resaltó que esta solicitud se presentó a causa de que los sepultores del cementerio le confesaron que no existe un control efectivo sobre la construcción de tumbas o celdas, pues la decisión de enterrar a sus familiares es con libertad.
“Los sepultureros del cementerio y diversas personas entrevistadas de la localidad nos indicaron que en el Cementerio de Sucre (Sucre) reposaban los restos de una persona desaparecida víctima de los “falsos positivos” que fue asesinada por el Ejército en la vereda Amazonas, por el sector de las Palmas en agosto de 2007, y traída por miembros del Ejército al municipio de Sucre (Sucre). De hecho, dos de estas personas nos confirmaron que se trataba de un joven (“un pelao”) traído de Toluviejo a trabajar en jurisdicción de la vereda Amazonas, y que habían tratado de comunicarse con los familiares sin conocer si les había llegado alguna razón”, se lee el documento presentado por Yessika Hoyos.
Por su parte, el cuerpo de Ebin es el único del cual se desconoce su paradero, pues como se conoció las otras diez víctimas fueron ubicadas en cementerios de Sucre y Córdoba y pudieron ser sepultadas.
Es por esta razón que, la JEP adoptó las medidas cautelares sobre el cementerio de Sucre. Además, ordenó a la Alcaldía del municipio y a la gobernación que acompañaran la protección del cementerio. Como también, exigió a la Fiscalía y a Medicina Legal que envíen informes sobre la situación de este caso de desaparición forzada.
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