Militares y policías podrían votar en Colombia, de acuerdo con un proyecto presentado por el Partido Conservador

Hace casi un siglo se excluyó a los miembros de la fuerza pública del debate político y son uno de los sectores poblacionales que no ejerce el derecho al sufragio

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Militares en Colombia (Colprensa -
Militares en Colombia (Colprensa - Álvaro Tavera)

En medio del debate de control político al proyecto para eliminar el servicio militar obligatorio surgió, como consecuencia y provocación para los sectores progresistas, la iniciativa de permitir a los miembros de la fuerza pública ejercer el derecho al voto en las jornadas electorales.

El proyecto, que se radicaría este 21 de septiembre, fue anunciado por el senador del partido Conservador Germán Blanco, quien además aclaró durante la discusión que es teniente coronel de la reserva profesional del Ejército, adscrito a la Séptima División, Cuarta Brigada de la ciudad de Medellín.

Blanco anunció la iniciativa, tanto como parte de los cambios que se proponen para los cuerpos militares del Estado con la eliminación de la prestación obligatoria del servicio, como un reto a los promotores de esa iniciativa que hacen parte de las bancadas progresistas.

“Ahí vamos a radicar mañana, presidente, un proyecto para que el voto en fuerzas militares y de Policía se permita. Lo vamos a radicar”, señaló el senador, quien agregó: “Con esos argumentos, ustedes están de acuerdo. Yo les quiero pasar el proyecto para que me lo firmen, a ver si son capaces”.

El senador se refería a las solicitudes de aprobar el acto legislativo para eliminar el Servicio Militar Obligatorio que cuenta con el apoyo del Ministerio de Defensa, para que se permita dar la discusión debido a que se encuentra apenas en sus primeros debates en el Senado.

“Puede que no lo logremos, pero bienvenida la discusión. Si se firmaron unos acuerdos de paz, tal como lo están argumentando, para que no sea obligatorio el servicio militar, entonces permitan que esas personas voten en igualdad de condiciones. ¿Están dispuestos a que eso se haga? o ¿Qué están pensando, que se antepone todavía el poder de las armas allá en los territorios donde no accede sino la fuerza pública o el Ejército? Esas discusiones hay que darlas”, sostuvo Blanco.

El proyecto, al igual que el del Servicio Militar Obligatorio, debe ser un acto legislativo, es decir que tiene que pasar por ocho debates en el Congreso de la República. Esto debido a que debe modificar la Constitución Política en el inciso 2° del artículo 219 en el que se prohíbe que los miembros de la fuerza pública ejerzan el derecho al sufragio, así como participar en actividades o debates de partidos y movimientos políticos mientras se encuentren en servicio activo.

Esta prohibición surgió desde 1930 bajo el gobierno de Enrique Olaya Herrera, quien atendió los llamados de la Fuerza Pública para ser excluida del debate político, que en los últimos años ha entrado en discusión, principalmente por partidos políticos de derecha que consideran que las limitaciones de entonces ya están superadas.

En la pasada legislatura ya se había radicado una iniciativa por parte del partido Colombia Justa Libres y apoyada por miembros del partido Cambio Radical y Centro Democrático. Así mismo, el representante Juan Manuel Cortés la radicó en la actual legislatura, no solo para permitir el voto, sino crear espacios de representación en ambas cámaras del Congreso.

Por ahora, el anuncio del representante Blanco se funda también en su oposición a algunas propuestas de transformación de la fuerza pública. Un debate en el que esbozó la incomodidad de algunos miembros del partido conservador de ser bancada de gobierno.

“Hoy el partido Conservador es un partido de gobierno, esa decisión la tomó la dirección nacional conservadora. Yo no pertenezco a la dirección, Juan Carlos tampoco, Oscar tampoco, pero nuestras curules no pertenecen a quienes las ostentamos, sino a los partidos y eso lo entendemos todos. Entonces lo accesorio corre la suerte de lo principal. Estamos haciendo partido de gobierno, pero no cercenando la capacidad crítica y constructiva. Este proyecto es de iniciativa parlamentaria, no del ejecutivo”, sostuvo.

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