A manos de la Corte Suprema de Justicia llegó el miércoles 31 de agosto la investigación que adelantaba la Fiscalía Genera de la Nación contra Rodolfo Hernández por la aparente comisión del delito de celebración indebida de contratos. La Sala de Primera Instancia fue la encargada de recibir el expediente contra el excandidato presidencial y ahora senador de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.
Según la Fiscalía, cuando este ejerció como alcalde de Bucaramanga en el periodo 2016-2019, se habría aprovechado de su poder para encaminar el otorgamiento del contrato de consultoría 096 de 2016 al (también) ingeniero Jorge Hernán Alarcón Ayala, quien finalmente se ganó aquella licitación, que tenía un valor de 336 millones de pesos.
Vale indicar que por la misma investigación, el ente acusador le imputó cargos al exgerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga José Manuel Barrera; el exdirector jurídico de la compañía César Fontecha; el jefe de disposición final Rubén Enrique Amaya; al ex subgerente técnico y operativo de la entidad Abelardo Durán Leiva; y al contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Vale indicar que con respecto también al Caso Vitalogic, en 2016 se firmó un contrato entre dos reconocidos personajes de Bucaramanga y el entonces alcalde: Jorge Hernán Alarcón Ayala, quien se desempeñaba como contratista; y José Manuel Barrera Arias, gerente de la Empresa de Aseo Municipal de Bucaramanga (EMAB).
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El motivo de la firma del contrato en cuestión guardó directa relación con la crisis sanitaria que hubo en la capital santandereana, concretamente, por el manejo de las basuras en el relleno sanitario El Carrasco. Empero, vale precisar que esta situación ya estaba antes de la llegada de Hernández a la alcaldía; incluso, la superación de esta situación fue una de las propuestas de mejora que prometió el ahora candidato presidencial. En cambio, es investigado por presuntas irregularidades en el camino por cumplir dicha premisa.
Mediante José Manuel Barrera Arias, gerente de la Emab, fue contratado Jorge Hernán Alarcón Ayala por los 366 millones de pesos del contrato ya mencionado. Meses después apareció Luis Carlos Hernández, hijo del Rodolfo, quien trabajaba con Vitalogic y se presentó para un concurso de licitación en torno a este tema.
“Se evidenció que Hernández Oliveros, junto con Luis Andelfo Trujillo y Carlos Gutiérrez, suscribieron un documento de corretaje que les permitía cobrar una comisión si la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB S.A. E.S.P.) celebraba un negocio jurídico con quienes promovían la tecnología”, puntualizó la Procuraduría.
Sumado a ese concepto, el Ministerio Público aportó varias pruebas dentro de las que se incluyeron conversaciones de WhatsApp entre las personas que suscribieron el contrato “y en las cuales Hernández Oliveros refiere que comentaba con su padre aspectos de la licitación que luego eran informados a los participantes y sobre las reuniones del alcalde sostenidas con los representantes de WastAway en Colombia, José Manuel Hormaza, Florin Volcinschi y Héctor Hernando Baquero” el 22 de abril y 24 de julio de 2016.
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